A causa de su aferramiento a un cargo que ya no significa nada (y probablemente poco significó desde que tomó protesta), el centro de la discusión pública sobre la solución a la crisis en Sinaloa, gira en torno al gobernador Rubén Rocha, alguna vez figura estelar de la Cuarta Transformación.
Sin embargo, el fondo de lo que sucede no se resolverá con la necesaria salida de una de las criaturas políticas más inexpugnables nacidas bajo el conveniente cobijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Lo que sucede en tierras sinaloenses hay que verlo a la luz de la nueva era de un capitalismo arrogante y descarado, inaugurada con la llegada de Donald Trump y Elon Musk a la presidencia de EU, provocando una radicalización de la política antidrogas estadounidense, en el caso mexicano, siempre ligada a una compleja cuestión de soberanía nacional.
Esto hace más difícil que se den las soluciones que necesita un proyecto de poder como el de las fuerzas reunidas alrededor del actual gobierno de la presidenta Claudia Scheinbaum, en el que se invoca el nacionalismo para escribir el relato de un afán de hegemonía.
Como se comentó en la anterior entrega de esta columna (La tregua de El Mayo), antes de ser capturado y llevado de forma ilegal a Santa Teresa, Nuevo México, Ismael Zambada exploró la posibilidad de participar en la conversación de un acuerdo para iniciar un proceso de reducción de la violencia, e incluso de paz, en Sinaloa y el resto del país.
Grosso modo, la idea consistía en hacer una serie de reformas para implementar un sistema de justicia transicional que permitiera, mediante mecanismos judiciales y no judiciales, procesar las graves violaciones a los derechos humanos acumuladas en el país en lo que va del siglo XXI.
Algunas de las propuestas que revisó El Mayo fueron las de que él y los capos que se acogieran a este acuerdo, tras aceptar sus delitos, darían cuenta de los mismos para elaborar un archivo histórico de los hechos, pagarían una reparación del daño a las víctimas y firmarían un acuerdo de no repetición; a cambio, recibirían una condena no mayor de siete años de cárcel.
Por diversas razones, esta negociación no se concretó. Y cuando cabía cierta posibilidad de que pudiera abrirse otra vez dicha ventana, tras las pasadas elecciones presidenciales, El Mayo se volvió el objetivo de una operación especial estadounidense que incluyó la colaboración de miembros de la familia Guzmán y derivó en la cruenta situación que ahora sufre Sinaloa.
¿Para beneficio de quién ocurre esta guerra? He ahí una de las preguntas que podrían acompañar la discusión y solución de la crisis sinaloense.