Hay crímenes que se quieren hacer ver como sucesos locales y otros que solo se entienden como síntomas globales. El de Samir Flores Soberanes, ocurrido el 20 de febrero de 2019 en Amilcingo, Morelos, pertenece, sin duda, a la segunda categoría. No fue solamente el silenciamiento de un activo defensor del territorio, sino una operación puntual dentro de una guerra mucho más amplia que libra el capital contra los pueblos, la cual, cada día que pasa, resulta más difícil de no ver.
Samir fue un objetivo político: Un defensor que estorbaba a un proyecto energético, a una demagógica narrativa de progreso y a una consulta amañada. Tres días después de su asesinato, el gobierno siguió adelante como si nada. El mensaje fue claro: la consulta valía más que la vida; el gasoducto, más que la palabra empeñada; el capital, más que la comunidad. Diez días antes de que lo asesinaran, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador lo señaló públicamente de “radical”, “conservador” y “ambientalista financiado”. No fueron exabruptos retóricos. Fue un acto de poder en un país mañanero en el que la estigmatización desde arriba puede convertirse abajo en cuatro cobardes disparos a quemarropa.
Hay un nuevo régimen global, bajo el cual la guerra no se declara: se administra. No se buscan necesariamente victorias militares claras, sino condiciones de control, territorios abiertos al mercado, poblaciones disciplinadas por el miedo y economías enteras reorganizadas alrededor de la violencia. La novedad de estos tiempos aciagos no está en la violencia, porque el capitalismo siempre ha sido violento, sino en su expresión contemporánea. Hoy las guerras no se libran solo entre Estados, sino entre capitales armados, Estados terciarios y economías criminales funcionales. Narco, paramilitares, ejércitos privados y fuerzas de seguridad oficiales no son polos opuestos, son piezas intercambiables de una misma maquinaria. México ha sido desde hace años laboratorio avanzado de este nuevo orden.
La doctrina Trump no inventó la lógica actual de las guerras capitalistas, solo la volvió explícita. No habla de derechos humanos ni de democracia; habla de negocios, fronteras y fuerza, punto. El presidente de EU dice en voz alta lo que otros gobiernos dicen en lenguaje técnico: el mundo es un tablero y los pueblos, fichas sacrificables. La guerra deja de ser un problema moral para convertirse en una operación financiera.
Palestina, Ucrania, Venezuela y México son escenarios distintos de una misma gramática. En unos casos, la guerra se libra con drones y misiles; en otros, con sicarios y megaproyectos; en otros más, con sanciones económicas y asfixia diplomática. El objetivo no es solo ganar territorio, sino reconfigurar el valor de la vida: decidir qué vidas importan, cuáles sobran y cuáles pueden ser destruidas sin costo político.
Por eso, el asesinato de Samir Flores Soberanes deja de ser un crimen local para leerse como un acto de guerra. No una guerra declarada, sino una guerra de baja intensidad contra la autodeterminación de los pueblos. Samir no murió porque el Estado falló en protegerlo; murió porque su existencia contradecía el nuevo orden que se está imponiendo.
A ese nuevo orden le bastan consultas simuladas, discursos de odio, expedientes congelados y violencias delegadas. No necesita dictaduras clásicas; le funcionan mejor las democracias administradas como la mexicana, donde votar convive sin problema con matar.
Frente a las guerras capitalistas, la resistencia no puede limitarse a la denuncia. Hay que producir territorio, memoria organizada y vida colectiva. Eso es lo que vuelve intolerables a los pueblos que luchan por su autodeterminación: no solo dicen no, sino que imaginan y ensayan otros mundos posibles dentro del mundo que se descompone. Por eso se les ataca y por eso hay que recordar a Samir y no olvidar que la justicia desde abajo se construye con memoria, rebeldía y organización.