A mediados de abril se realizó en San Francisco, California, la edición anual de la prestigiada Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI), en la que Alaín Pinzón presentó los trabajos de diagnóstico, prevención, vinculación a tratamiento y acompañamiento a personas con VIH, que realiza su organización VIHve Libre, buscando facilitar el acceso a servicios de salud dignos y generando redes de colaboración entre la comunidad LGBT+ y otros sectores vulnerables.
En el mismo mes de abril, el joven activista recibió la notificación de un proceso penal en su contra, producto de una vieja denuncia hecha hace un año por la Dirección Jurídica de la Secretaría de Salud Federal, en represalia por la lucha política de Pinzón. Así es como llegamos de manera desconcertante a un desafortunado hecho inaugural: la primera ocasión en la que el gobierno mexicano acosa a un activista con VIH a través de un absurdo proceso judicial.
Ante la situación, el secretario de Salud, David Kershenobich, recibió esta semana una carta firmada por una treintena de destacados integrantes de la comunidad médica en los servicios de atención del VIH del país, en la que le solicitan desistir de la denuncia.
En su misiva, los médicos y médicas cuestionan que durante la gestión anterior el acceso a los servicios se vio afectado por un exceso de disposiciones administrativas, que en muchas ocasiones se convirtieron en francas barreras para la atención de las personas, mientras que en los años recientes hubo un incremento de diagnósticos tardíos y de complicaciones de salud asociadas.El cuestionamiento es puntual: “La administración anterior del Censida no expresó sensibilidad a estos problemas y ejerció violencia institucional contra VIHve Libre y contra otros actores e instituciones dedicadas a la atención del VIH”.
Y también hacen una reflexión importante: “Desde los años ochenta, la respuesta al VIH en México y en el mundo ha contado con el impulso y la participación social comunitaria indispensables en la lucha contra las epidemias, más aún cuando el estigma y la discriminación afectan de manera tan profunda a las personas con VIH. Judicializar y criminalizar la protesta de las personas con VIH representa un retroceso democrático que ningún gobierno de nuestra región ha llevado a cabo”.
Otra prueba más para el autodenominado humanismo mexicano. Humanismo en el sentido de que cada persona víctima de una arbitrariedad, llamada Alaín Pinzón o no, representa a la humanidad.