Hace un mes publiqué una columna titulada “El fondo de Pasta de Conchos”, con motivo de otro año transcurrido tras uno de los siniestros más lamentables en la historia industrial moderna en México.
Aunque ya han pasado 17 años, lo sucedido en San Juan de Sabinas, Coahuila es una tragedia latente. Familias siguen esperando recuperar los cuerpos de 63 de 65 de los trabajadores fallecidos en la mina de carbón propiedad de Grupo México.
Cuando publiqué el texto anterior, no había ocurrido la burla contra las viudas de los mineros por parte del funcionario encargado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para cumplir su promesa de rescate: Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que a estas alturas parece albergar más cansancio y cinismo que voluntad y sensibilidad real por el encargo asignado.
Hasta que sean rescatados los restos de los trabajadores, no dejaré de compartir ocasionalmente en este espacio algunas de las voces documentadas estos años entre deudos, activistas, analistas y funcionarios relacionados con el fondo de los hechos de Pasta de Conchos.
Cuando fueron las elecciones de 2018 y ganó Andrés Manuuel López Obrador, dijimos: ‘Ya la hicimos, hay una nueva luz, una nueva puerta’, porque pensábamos que iba a seguir gobernando el PRI. Fue entonces que dijimos, vamos a acercarnos con él, para preguntarle qué postura van a tomar en cuanto al caso de Pasta de Conchos.
En ese momento nos atendió Alejandro Encinas. Tienen todo nuestro apoyo institucional y personal, nos dijo, entonces, nosotras salimos contentas de ahí, porque vimos que este gobierno tiene otra postura ante el caso.
Así fue como el 1 de mayo del 2019, el presidente López Obrador hace público su compromiso de que va por el rescate de Pasta de Conchos, que es una deuda que tiene con las familias, porque se comprometió en campaña.
Nosotras estábamos mucho más contentas. El 10 de mayo de ese año tenemos nuestra primera reunión. Nos manda hablar la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, que quiere una reunión con nosotras en la Ciudad de México, para formar el Comité para la Reparación y Justicia en Pasta de Conchos y se hace un Plan de de trabajo.
Elvira Martínez, viuda de Vladimir Delgado, minero de Pasta de Conchos
A partir de la explosión y del accidente donde pierden la vida 65 mineros, se inicia un proceso de rescate que después se suspende por una combinación del poder económico tomando decisiones de política pública.
Desde aquel entonces, el presidente Andrés Manuel López Obrador había asumido esta postura de que debía hacerse absolutamente todo lo necesario para continuar con el rescate y recuperar los cuerpos.
Esta explosión no solamente dañó a las víctimas, a los hijos, a las viudas, a los familiares, sino que dañó a toda la región y, sin lugar a dudas, a todo el país, porque puso en evidencia las condiciones en que se encontraban las minas.
Hay que recordar, para darnos una idea, que antes del accidente no existían, ni siquiera, normas específicas de regulación de las minas de carbón. Fue hasta después del accidente que se empezó a sacar este tipo de normatividad que realmente garantizara que se hiciera en condiciones de seguridad.
Y frente a este compromiso que hizo desde aquel entonces, el hoy presidente, una vez que llegamos al gobierno, solicitó a la Secretaría del Trabajo y Previsión social, que pudiéramos hacer todo lo necesario con miras al rescate.
Luisa María Alcalde, Secretaria del Trabajo
Durante mi sexenio, se me hizo la solicitud de un memorial en Pasta de Conchos y nosotros hicimos gestión ante la Secretaría del Trabajo para que eso se realizara, pero el sexenio terminó sin que pasara nada. Entonces, en la población está esa expectativa y obviamente en las familias más.
También se dicen muchas cosas del rescate: que se puede, que no se puede, que ya en otras ocasiones no se ha sacado alguien, que en otras ocasiones sí, pero más allá de eso, hay un compromiso ahora del actual presidente y pues la población va a esperar que eso suceda.
Rubén Moreira, ex gobernador de Coahuila
Desde un principio que sucedió la tragedia, yo planteé tres puntos principales: El rescate de los cuerpos, la investigación independiente para castigar a los responsables y entender las causas que provocaron la tragedia y, desde luego, la indemnización digna y justa para las familias.
Y dentro de la indemnización justa y digna, lo tengo publicado en desplegados de esa época, del 2006, yo exigía que le pagaran a cada familia un millón y medio de pesos, que le entregaran una casa a cada familia y que les dieran la educación gratuita y la seguridad social a los hijos, a los niños, hasta la edad adulta gratita. Los de las empresa no hicieron caso porque se sentían apoyados y protegidos por el gobierno.
Finalmente, el 1 de mayo de 2019, Andrés Manuel López Obrador nos invitó a comer a un grupo de dirigentes sindicales con miembros de su gabinete. Ahí, el presidente anunció que iba a hacer todo por rescatar los cuerpos de los compañeros caídos en Pasta de Conchos y dijo que para el mes de septiembre de aquel año habría los primeros estudios para que se pudiera precisar cuáles eran las alternativas para el rescate y lo que eso implicaba.
Y bueno, siguieron pasando los meses, luego las viudas y familiares tuvieron un planteamiento de que podían empezar el rescate, haciendo una nueva rampa por la parte de atrás de la mina, en lugar de utilizar la única que existe actualmente, que fue por la que entraban y salían los trabajadores cuando ocurrió la tragedia y que este proceso tomaría entre 4 y 8 años. Las viudas no estuvieron de acuerdo, porque dijeron: ‘Quién sabe si para entonces estemos vivas’.
Napoleón Gómez Urrutia, líder del sindicato minero
Desde el 2006 y a lo largo de todos estos años en los que Andrés Manuel López Obrador ha sido el único político que ha recorrido todos los municipios de este país en varias ocasiones, se encontró con los familiares de Pasta de Conchos, con los representantes del Cereal (Centro de Reflexión y Acción Laboral) que ha seguido el caso de Pasta de Conchos, con el propio Obispo Raúl Vera, que ha sido defensor de los derechos laborales y de los derechos humanos en el norte del país.
Ha habido un compromiso por hacer justicia a las familias y cuando llegamos al gobierno, la petición de los familiares ha sido el rescate de los cuerpos, de tal forma que este gobierno se ha comprometido con ese proceso de rescate que tiene muchos problemas técnicos y que además es muy costoso, pero que a final de cuentas, esa es la demanda de los familiares de los 63 mineros atrapados. El gobierno actual se ha comprometido con ese rescate por una situación humanitaria. Este gobierno sí está tomando cartas en el asunto para resarcir la injusticia laboral, la injusticia ambiental y la justicia social que han generado la producción y la explotación minera.
Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia.