El delito es una conducta antisocial porque independientemente del bien jurídico vulnerado por él y de la lesión causada a las víctimas directas o indirectas del mismo, ese proceder daña a la colectividad en su conjunto, la cual vive desvalida y en permanente zozobra.
Por desgracia, en México son evidentes la incapacidad de las fuerzas federales para combatir a la delincuencia (sin ser esa su función), la incompetencia y penuria de las policías municipales y estatales para prevenir los delitos, las deficiencias en las fiscalías para perseguirlos y de los órganos jurisdiccionales para sancionarlos.
Como la impunidad alcanza un terrible 98 por ciento, la demanda más sentida de la población es de seguridad y justicia, pues de ellas dependen el gozo de esos y otros bienes y derechos inherentes al ser humano.
Los alimentos, los servicios de salud, educación y cultura, el derecho al esparcimiento, las oportunidades para progresar, las obras de infraestructura y todo lo requerido para el bien ser y el bienestar de las personas son posibles y se alcanzan únicamente donde hay seguridad y justicia; en otras palabras: donde rige la ley.
Por lo anterior, resulta inconcusa la imperiosa necesidad de diseñar y emprender políticas públicas capaces de frenar el desastre nacional, provocado por la carencia de instituciones fuertes, bien dotadas por el gobierno y bien respaldadas por la sociedad. La administración actual resultó ser no solamente inepta sino perniciosa, pero no debemos esperar a conocer quién ocupará próximamente la Presidencia de la República, y la integración del nuevo poder Legislativo, pues el principio de la solución no será consecuencia del simple cambio de personas y de grupos en el poder, sino de la participación acuciosa de las mentes más brillantes y mejor dotadas en las muchas disciplinas requeridas para señalar soluciones a tan complejo y colosal desafío.
En ese entendido, uno de los más grandes servicios a México, de las universidades públicas y privadas (con sus prestigiosos institutos) es precisamente el de elaborar y difundir estudios y proyectos concretos e integrales para la prevención, persecución y castigo de las conductas criminales. Esas instituciones tienen la ventaja de no estar sofocadas por la ignorancia y ruindad expandidas en el ámbito político. La comunión de estudiosos y expertos en esas materias puede iluminar el derrotero a recorrer por futuros funcionarios probos y una comunidad comprometida con labrar su propio destino.
Las universidades están por encima de los gobiernos y los partidos políticos, abiertas al análisis objetivo de los grandes problemas nacionales y, por ende, capaces de trazar caminos de solución. Hoy, como nunca antes, la paz y la grandeza de México requieren de esas nobles instituciones.