Sin rodeos

¡Misión cumplida! Ejército asesino

Diego Fernández de Cevallos

Esta es la crónica de una infamia acariciada durante mucho tiempo. En México se es verdaderamente de “izquierda” si se odia a las fuerzas armadas. En calles, plazas y tribunas, pelafustanes y colectivos aprovechan cualquier ocasión para aullar, con o sin pruebas: “¡Fue crimen de Estado, fue el gobierno, fue el Ejército!”. Nada más propicio para vomitar esa pudrición que la siniestra masacre de los normalistas de Ayotzinapa.

Tal persecución, sin fin, hoy tiene una fuerza descomunal porque a diario la atiza López Obrador, presidente de México, y, paradójicamente, jefe supremo de las fuerzas armadas. El que siendo “luchador social” afirmó, sin recato alguno, que si de él dependiera, “desaparecería al Ejército mexicano”; y ya como candidato aseguró: “De llegar a la presidencia no permitiré que sigan masacrando al pueblo, los regresaré de inmediato a sus cuarteles”.

Ahora los trae de milusos y los llama “pueblo uniformado”, eso deviene de su cinismo pragmático y patológico: Bien sabe que con el solo apoyo de los que se regodea en llamar nacos y mascotas —y les exige lealtad a ciegas— no duraría un minuto en Palacio.

Tan pronto supo que fue detenido en Estados Unidos el general Cienfuegos, su odio lo llevó a espetar: “Eso prueba inequívocamente el grado de corrupción que se alcanzó durante el régimen neoliberal, y haremos una limpia”. Así, sin pruebas, declaró delincuente al ex secretario y corruptas a las fuerzas castrenses. Afirmar ahora que la DEA “falsificó pruebas” no vale en su boca: Es un recule tramposo para que se olvide el artero agravio en contra del general y de los suyos, perpetrado, repito, por su “jefe supremo”.

En ese mundo de rencores, embustes y traiciones, los sabuesos oficialistas de la Comisión de Ayotzinapa quieren, desde su origen y a como dé lugar, que nuestras fuerzas armadas, apoyando a los sicarios, pasen a la historia como asesinas en el horrendo crimen de los normalistas. Alguien dijo: “Los errores de algún elemento del Ejército no manchan a la institución”; eso equivale a declarar que los sacerdotes pedófilos no dañan a sus iglesias.

El reciente dicho de El Cabo Gil, líder de Guerreros Unidos y ahora testigo protegido, con su narrativa a modo (filtración reclamada, pero sin desmentir, por la Consejería Jurídica de la Presidencia), es el principal fundamento para “tirar la verdad histórica”, seguir envenenando a las “víctimas de la Conquista de hace 500 años” y arrojar a las fauces de Huitzilopochtli los corazones de un puñado del “pueblo uniformado”. Una vez más, aquí como en Estados Unidos, la justicia está en manos de “testigos protegidos”.

Los detectives de cuarta escalarán sus pesquisas, pero hay una pregunta: ¿Cuánto más aguantará la milicia? No está en duda su lealtad a México (sí, a México), pero las ofensas son graves y tienen un límite. 

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