Apesar de la crueldad y el aumento en los delitos de sangre, se mantiene en México el principio ético y jurídico de presunción de inocencia en beneficio de las personas.
El Ministerio Público investiga los hechos y acopia pruebas para llevar ante el juez a presuntos responsables. Al menos esa es su obligación en todos los casos.
Lo mismo debería suceder —mutatis mutandis— ante conductas irracionales que, siendo o no delitos, causen o puedan causar algún daño social.
En tales casos procede respetar la presunción de salud mental de los sospechosos y abrir expedientes para que médicos especialistas determinen si los presuntos gozan o no de salud mental, si son o no peligrosos para sí, sus familiares, sus bienes o la sociedad, a fin de que los jueces restrinjan, cuando proceda, la aptitud jurídica del que haya sido declarado incapaz, resulte así de un proceso civil o uno penal.
Lo anterior cobra importancia superlativa si nos referimos al comportamiento del Presidente de la República.
En este reducido espacio van solo pinceladas:
Está probado hasta la saciedad su proceder errático, contradictorio, deshonesto y falaz. Hace poco ofendía al Ejército, se comprometía a regresarlo de inmediato a los cuarteles y afirmaba que si por él fuera lo desaparecería; hoy lo usa para todo, militarizando el quehacer gubernamental. A empresarios que siempre consideró “minoría rapaz y depredadora” hoy les reconoce “su gran compromiso social”. Pillos despreciables señalados en sus libros ahora ocupan altos puestos en su gobierno. Miente sin inmutarse e intercambia sermones misericordiosos con insultos rufianescos y provocadores. No pierde ocasión para atizar el odio y la división entre mexicanos. Todos los males de México —generados por él o heredados— los atribuye al “neoliberalismo”. Su combate a la corrupción no le impide ser un presidente corrupto que dispone caprichosamente de los recursos públicos sin las licitaciones que exige la ley, y lo hace con total opacidad. Sus chistes infantiles (“lo que diga mi dedito”); sus respuestas sucias (como “fuchi… caca”); negar los datos de sus colaboradores porque él tiene “otros datos” o sus criminales decisiones en salud, estancias infantiles y refugios para mujeres, dando prioridad a la rifa de un avión que no se rifará, etcétera; deben analizarse médicamente, aunque la lucha de las mujeres le parezca “trampa conservadora” y el coronavirus tal vez un golpe de Estado que cantan las sirenas.
El Presidente debe dar a conocer el dictamen médico sobre su estado de salud; lo ofreció públicamente hace más de siete meses y no ha cumplido. Cada día es más difícil para millones de mexicanos mantener la presunción de salud del inquilino de Palacio; y no solo se trata de cómo pasa a la Historia un hombre sino del presente y futuro de la nación.