Tenía 17 años cuando comencé a recibir una serie de correos electrónicos de un anónimo. Me decía que me había visto cerca de mi casa, qué usaba, qué hacía. También con quién estaba en el receso de la escuela y qué comía. Amenazaba con violentarme. Estaba vigilada y lo sabía. Cuidaba mis pasos, revisaba mi bandeja de entrada con nervios y limitaba mis salidas. Sospechaba hasta de mis amigos. Mi entorno dejó de sentirse seguro. De repente, simplemente dejó de escribir. No cesó durante un mes. Nunca pude ponerle nombre. Poco a poco, el miedo se fue diluyendo… pero ya no volví a ser la misma.
En ese entonces, no se hablaba de acecho. Y lo que no se nombra, no existe. Hoy no solamente se reconoce, sino que se materializa en la Ley Valeria.
La legislación, aprobada en febrero pasado por la Cámara de Diputados, tiene la finalidad de castigar a quienes intimidan, vigilan y acosan a una persona de manera reiterada y sin su consentimiento, al grado de generar un ambiente hostil y que dañe la salud mental de la víctima, con penas que van de seis meses a cuatro años de prisión, según la gravedad y la afectación física, patrimonial o psicológica. Nada más y nada menos.
Pero, como todo lo que tiene que ver con la agenda por los derechos de las mujeres, no está exenta de controversia y, sobre todo, desinformación.
Ante la amenaza a su comportamiento acosador, los incels alimentan a sus seguidores con una falsa interpretación de la ley y su discurso misógino. Y ese reclamo evidencia la necesidad de reconocer esa conducta como un delito. Porque durante mucho tiempo el acecho se ha disfrazado de “romanticismo”, “amor intenso”; mientras quienes son objeto de su obsesión pierden la tranquilidad y su estabilidad emocional.
Antes se vivía en silencio. Buscar la protección de las autoridades era un esfuerzo inútil. Hoy se nombra y existe. Ese es el primer gran paso para erradicar la normalización de esta violencia, saldar la deuda con quienes la hemos experimentado y comenzar un nuevo capítulo.