Que analizando los perfiles de quienes buscan llenar la próxima vacante de auditor superior del estado nos encontramos con información proporcionada vía transparencia en donde se revela que la actual integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Juana López Ayala, tiene demandado al órgano fiscalizador del Congreso por considerar que el finiquito que le dieron no era suficiente.
Y es que la interesada en ser auditora chapulineó de la ASEG, como jefa de departamento de auditoría estatal al CPC y tras renunciar de manera voluntaria no reconoció como justo el pago que le dieron por lo que hoy hay un juicio laboral en contra de su ex empleo a quien demanda una liquidación mayor.
Que por otro lado se revela que el boquete de información generado tras el hackeo a la plataforma de la Auditoría Superior del Estado tiene aún repercusiones pues no tienen resultados de evaluación del desempeño de la funcionaria derivado del ataque cibernético tipo ransomware sufrido por la auditoría el pasado 5 de diciembre de 2022.
Más de uno entre el respetable ya levantó la ceja a manera de sospecha, pues entonces cuánta fue la información que se perdió derivado de este ataque y también se pregunta si esto no tendrá afectaciones a la hora de revisar el correcto uso de los recursos públicos… al tiempo.
Que hablando del comité nos cuentan que hoy están más ocupados en ver cómo remueven al secretario técnico del sistema, Erik Ramírez Serafín, seguro que por resultar incómodo a intereses de quienes dan línea a algunos de sus integrantes, sin contar a su presidenta, que en contribuir con su trabajo al combate a la corrupción.
Lejos empiezan a quedar aquellos días de ciudadanos comprometidos con apoyar políticas públicas que permitan la transparencia, la rendición de cuentas y el ejercicio responsable del presupuesto y cada vez se acerca más el tiempo en que se pasen al lado de la comparsa del gobierno en turno.