Que a 13 días de la designación de Alejandro de Jesús Román Salazar como director del Zoológico de León, en una sesión extraordinaria el Consejo Directivo del parque aprobó por unanimidad revocar el acuerdo, esto tras los procesos abiertos que aún pesan sobre el veterinario en Tijuana. No hay que olvidar que él fue propuesto por un despacho que llevó todo el proceso.
Y esto ocurre luego de que MILENIO publicó este sábado que Román Salazar, tiene al menos tres denuncias abiertas, dos ante la Fiscalía General del Estado de Baja California y una tercera ante Profepa, en donde se le menciona a él o a quien resulte responsable por tráfico ilegal de especies. Si bien aún no hay una sentencia, para el Consejo Directivo la sola existencia de estos posibles procedimientos en otra jurisdicción genera una incertidumbre jurídica que podría afectar la estabilidad institucional.
No hay que olvidar que el Zoológico viene arrastrando una serie de irregularidades que se intensificaron al cierre del 2025, luego de que una jauría atacó a los borregos muflones dejando a 24 de ellos sin vida; tras este hecho se ventiló la muerte de un pingüino en su hábitat, un avestruz e incluso que sigue vigente la investigación por parte de la Contraloría de la desaparición de 2 mil 500 pacas de alimento.
Por cierto, el consejero del Sistema Municipal de Parque Temáticos de Tijuana (Simpatt) y abogado animalista, Frank Ortiz González, confirmó a MILENIO que este mismo jueves responderían al Ayuntamiento de León sobre la autenticidad de los procesos que enfrenta actualmente Alejandro Román Salazar e incluso exhortarán se reactive los procesos ahora que el implicado apareció en la ciudad zapatera, porque en Tijuana desapareció.
Y a unos días de que arranque el periodo ordinario en el Congreso del Estado, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano presentó nuevamente otra iniciativa más para reformar el Código Penal del estado en materia de aborto, con el fin de reformar los artículos a los que la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló como inconstitucionales. Los legisladores tendrán 90 días naturales luego de esta fecha para atender el tema.