Que el año pasado se calentó el ambiente en Jalisco por un posible aumento al transporte, pero en diciembre de 2024, con Pablo Lemus recién llegado a la gubernatura, se pidió calma y se descartó un incremento inmediato. Sin embargo, la clase política ya tenía trazada la decisión: subir la tarifa de 9.50 pesos a 14, atenuada con subsidio a 11 pesos. Aunque surgieron críticas boletineras—del PRI, la FEU y algunas voces sueltas—, no hubo un bloque opositor sólido que lo impidiera. Así, en la última sesión del año del Comité Técnico Tarifario, todo quedó planchado: se aprobó el aumento a partir de 2026, congelándolo hasta 2030. Llama la atención la débil respuesta estudiantil, muy distante de la FEU combativa de otros tiempos, lo que selló un acuerdo que priorizó la viabilidad financiera sobre el desgaste social y el golpe duro a los estudiantes y familias de escasos recursos.
Que la redestinación de los más de 30 millones de pesos acumulados de los 50 centavos del transporte público supuestamente hacia causas tan sensibles como el apoyo a víctimas de desaparición y familias de policías caídos es, en principio, un gesto loable que busca convertir una queja social en un impacto positivo. Sin embargo, este anuncio, entonces, de Diego Monraz, titular del Transporte, plantea una pregunta de transparencia ineludible: ¿cómo se garantizará que cada centavo de ese dinero público, recaudado de manera forzosa de los usuarios, llegue efectivamente a los destinatarios finales? La ciudadanía, que ha financiado involuntariamente este fondo, tiene derecho a conocer no solo la intención, sino el mecanismo concreto de ejecución.
Que una fuga de hidrocarburo en Tlajomulco puso al descubierto oootra vez el grave problema del huachicoleo; no solo generó una peligrosa fuga de gasolina y la movilización de numerosos cuerpos de emergencia y seguridad, sino que expuso, una vez más, la vulnerabilidad de la infraestructura energética nacional ante la delincuencia, interrumpiendo servicios viales y requiriendo un operativo costoso y complejo para contener una situación que pudo haber terminado en una tragedia de mayores proporciones. ¿Qué opinarán los que secundaron que en la 4T se acabaría el huachicol?