Que una balacera de 15 minutos en Zapopan, con la que ejecutaron a Alberto Prieto Valencia, evidenció la ausencia total del Estado en medio de la parafernalia oficial. Mientras este municipio se prepara para ser una de las sedes del Mundial 2026, promocionando una imagen de seguridad y modernidad ante el mundo, la realidad en sus calles gritó lo contrario y hoy Zapopan está bajo la mira de la FIFA con gran recelo. Los vecinos, repartidores e incluso los propios atacantes grabaron videos del tiroteo desde todos los ángulos, documentando un operativo criminal impune. Pero en ningún fotograma, entre tantas miradas civiles, apareció el reflejo de una patrulla. El fuego solo cesó cuando a los agresores se les acabaron las balas, dejando como saldo tres muertes, y la pregunta inevitable: ¿qué seguridad? ¿cuál modernidad?
Que la trayectoria de Alberto Prieto Valencia estuvo profundamente entrelazada con el poder político e institucional de Jalisco, trascendiendo colores partidistas y ciclos electorales. Su influencia no era discreta; se sostenía sobre negocios concretos con el Estado. Operó como proveedor y contratista para el sistema penitenciario estatal y, en distintas administraciones, logró consolidar contratos incluso con instituciones federales. Su fortuna y su margen de maniobra crecieron desde la base de un negocio de transporte a gran escala. Este músculo financiero y operativo le permitió tejer una red de contactos políticos extensa y poderosa. Fue un aliado estratégico —y en muchos casos, un financiero u operador de campañas— para numerosos políticos jaliscienses. ¿Qué hilos se cortaron para que fuera asesinado a plena luz del día?
Que el gobierno de Jalisco justifica el aumento al transporte a 14 pesos como necesario y avalado por un comité, después de siete años sin cambios, según Salvador Zamora, secretario del Ejecutivo estatal. Sin embargo, el mismo gobierno anuncia descuentos del 50% e incluso del 100% para los usuarios, destinando mil 200 millones a subsidios. Esta estrategia ha generado críticas de la Federación Estudiantil Universitaria, que argumenta que si el aumento era tan indispensable, ¿por qué se despliega un costoso operativo para que nadie pague la tarifa completa? Al final, se crea la percepción de un trámite oneroso e innecesario, que desgasta la credibilidad y no resuelve el fondo del problema.