Que solo en el fascinante universo de la “percepción de seguridad” puede ocurrir esta paradoja: tras la aparición de un comando de 30 hombres que asesina a tres personas a plena luz del día, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, sale a presumir que, perceptualmente hablando, siguen siendo los “menos peor” de la zona metropolitana. Con un 49% de sus habitantes sintiendo inseguridad, casi uno de cada dos, la administración celebra como un triunfo no haber llegado al 50%. Es el equivalente a que, tras un incendio forestal, el guardabosques felicite a la ciudad porque “solo” el 49% del humo llegó a pulmones ciudadanos, y su meta es reducirlo a un 35%. ¡Qué ambición!
Que la implementación de la tarjeta naranja represente un esfuerzo por modernizar el subsidio al transporte en Jalisco no oculta la magnitud del compromiso: 196 millones de pesos anuales solo por su administración. Esta cifra, entregada a la empresa Broxel —cuya idoneidad está bajo la lupa por una investigación federal en materia de contrataciones—, genera preguntas: ¿estarán los recursos verdaderamente blindados para garantizar un servicio impecable y transparente, o se sumarán a la larga lista de proyectos donde el costo administrativo devora el beneficio social? No bastará con que el secretario Rafael Orendáin minimice los cuestionamientos a la proveedora; será indispensable demostrar, con hechos y rendición de cuentas claras, que este enorme flujo de dinero se traduce en un sistema eficiente, confiable y, sobre todo, en la mejor opción posible para el erario y para el usuario final.
Que frente a la maleza que hoy cubre el Rancho Izaguirre, el grito de los Guerreros Buscadores de Jalisco no es solo un reclamo: es un espejo brutal que refleja la dualidad del Estado. Mientras por un lado se presumen presupuestos millonarios y avances en “percepción de seguridad”, por el otro persisten fosas olvidadas, líneas de investigación congeladas y familias a las que se les niega hasta el derecho a la verdad. Mismos gobiernos que amplían comisarías y flotas vehiculares con una mano, con la otra dejan que un presunto centro de exterminio se pierda bajo el monte. Se atrae el caso a la FGR en la entonces era de Gertz Manero para calmar la indignación, pero luego reina el mismo silencio: carpetas inaccesibles, testigos que huyen del país, y la sombra de filtraciones que benefician al crimen.