Que la imposibilidad de que el gobierno estatal impusiera a Tatiana Anaya y Morena colocara a su nuevo aliado, el ex-alfarista Ricardo Sánchez Beruben, en la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco, revela un tablero político: ningún actor tiene suficiente poder para dar jaque mate. Este empate forzoso desembocó en una solución de compromiso que prioriza el “daño menor” y evita, por ahora, una escalada del conflicto. La designación de Cipriano Manzanilla como el nuevo titular es una pausa táctica. Se le percibe en los pasillos como una figura que, si bien no genera entusiasmo en la administración naranja, representa un mal calculado y aceptable. Su mayor virtud, en esta lógica, es no ser un “anti-Lemus” militante. El objetivo inmediato parece ser neutralizar que el cargo se convierta en un bastión de oposición activa, una “dinamita” que obstruya sistemáticamente el ejercicio de gobierno.
Que el repunte de sarampión en la ZMG es una llamada de atención viral -nunca mejor dicho-. Que Tonalá, administrado por Sergio Chávez, y Tlaquepaque, gobernado por Laura Imelda Pérez, instalen, con apoyo de la Secretaría de Salud, un macro módulo de urgencia revela la punta del iceberg y la preocupación internacional: la desconfianza post-COVID minó la inmunidad de rebaño. Ya no es cosa solo de jornaleros; la metrópoli, con sus fiestas y sus dudas, es ahora el epicentro. El brote es la factura por años de coberturas bajas. Las brigadas son clave, pero falta una ofensiva metropolitana unificada: ir casa por casa, recuperar confianza y vacunar a lo bestia. Si no, este sarampión será solo el primer acto de un regreso indeseado de enfermedades que ya creíamos archivadas, lo dice la Organización Panamericana de Salud.
Que el trágico hallazgo de los cuatro jóvenes arquitectos en Gómez Farías es un expediente más que cae sobre la mesa de la Fiscalía de Jalisco, a cargo de Salvador González de los Santos, en medio de una crisis de casos sin resolver. La hipótesis oficial de intoxicación choca frontalmente con el escepticismo y las “inconsistencias” denunciadas por las familias, quienes exigen se investigue como homicidio. El escenario es turbio: una cabaña aislada, difícil acceso, mala señal y versiones contradictorias dadas a los dolientes. La Fiscalía enfrenta aquí otra prueba crítica.