La Tremenda Corte

Jalisco /

Que la realización de eventos masivos de entretenimiento en el epicentro del brote de sarampión coloca sobre la mesa un debate de salud pública: ¿deben restringirse las concentraciones multitudinarias en zonas con transmisión activa de enfermedades altamente contagiosas, incluso cuando no existen órdenes sanitarias formales que lo prohíban? Esto frente a que los epidemiólogos coinciden en que el sarampión es una de las enfermedades más contagiosas —un solo caso puede infectar a entre 12 y 18 personas en poblaciones susceptibles— y que eventos masivos como los del 14 de febrero en Tlaquepaque —con Tonalá registran 80 por ciento de los casos— son catalizadores potenciales de transmisión. La OPS incluye entre sus recomendaciones para brotes activos “evitar aglomeraciones en áreas de alta incidencia”. Por otro lado, autoridades municipales argumentan que las medidas de mitigación —sanitización, distribución de cubrebocas y gel, y puntos de vacunación— son suficientes para reducir riesgos, y que suspender eventos programados tiene repercusiones sociales y económicas significativas. La decisión final, en ausencia de directivas estatales o federales, recae en el criterio de cada municipio.

Que Morena suspendió al ex presidente municipal Diego “N” y un ex funcionario de Tequila acusados de delitos graves justo cuando era vinculado a proceso. La medida busca proteger la imagen del partido, pero deja una pregunta en el aire: ¿por qué se les permitió ser candidatos en primer lugar? El partido actúa ahora, cuando el caso ya es público y el daño está hecho. Es una reacción rápida, pero llega tarde. El problema de fondo no es solo si expulsan a los implicados, sino cómo fue que llegaron a ser candidatos y funcionarios.

Que la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que no hubo injerencia federal en la elección de la nueva presidenta interina de Tequila. La mandataria federal dijo que el cabildo actuó “dentro del marco jurídico”. Pero en el municipio no se trata de un cambio rutinario. La pregunta real es: ¿puede el mismo cabildo —que operó bajo un alcalde ahora acusado de narcopolítica— garantizar una elección limpia y una transición confiable? 


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