Que mientras el Congreso de Jalisco sigue dormido sin aprobar las reformas en transparencia, a nivel nacional ya emitieron lineamientos para publicar información. Ante esto, la Contraloría y las autoridades garantes en el estado se reunirán para coordinar acciones y seguir publicando los datos, aunque la ley local no esté actualizada. El mensaje es claro: si los diputados no cumplen, las instituciones sí lo harán. La transparencia no puede esperar a que despierten. El problema es que, sin reforma, publicar información se parece más a un favor que a un derecho. Y los derechos no deberían depender de la buena voluntad de nadie.
Que el jalisciense Alberto Uribe, director de Contenido Nacional de Economía, mantiene una agenda activa en distintos estados. Este miércoles participará en la Cumbre Nacional de Economía y Turismo en Nayarit, donde presentará avances del programa Hecho en México, una de las líneas estratégicas de la dependencia que encabeza Marcelo Ebrard. Previamente ha tenido actividades en Michoacán con el mismo enfoque. Y en Guadalajara, se menciona entre morenistas que su equipo tiene presencia en 523 de las 941 secciones electorales de la ciudad. Lo curioso del asunto es que Uribe no tiene cargo partidista, no es delegado de ningún comité y oficialmente solo promueve contenido nacional. La pregunta incómoda para la dirigencia de Morena Jalisco es: ¿ese trabajo, a quién beneficia? Porque si Uribe ya tiene 523 secciones, alguien más se está quedando sin ellas.
Que la sombra de la extorsión se extiende por el estado. El Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco denuncia extorsiones en al menos otros cinco municipios, además de Tequila, donde el alcalde fue detenido. Antonio Lancaster-Jones, coordinador general del organismo, afirma que la situación es grave y exige acción. “Hicimos una estrategia y se denunció principalmente con el gobierno... lo que nos ha pedido la sociedad es que demos la cara”, declaró. Tequila debió ser apenas el primer paso, ¿qué sigue? La incertidumbre en Tequila es aún palpable, con empleados sin pago y servicios básicos suspendidos.