Que esta semana en el Congreso de Hidalgo arrancarán los foros para discutir una de las reformas electorales más comentadas: la propuesta para que en la próxima elección a la gubernatura sólo puedan competir mujeres y, además, definir si el periodo del cargo será de dos o cinco años. El tema no es menor, pues toca directamente la ruta hacia la primera gobernadora del estado. La iniciativa ya había avanzado desde diciembre pasado, cuando fue aprobada en comisiones con la idea de establecer un mandato de cinco años para ese proceso electoral.
Que el debate se detuvo cuando apareció en la mesa la discusión sobre la llamada “ley esposa”, lo que llevó a los diputados a caminar con cautela para evitar interpretaciones políticas innecesarias. Ahora los foros buscarán abrir el análisis con especialistas, actores políticos y sociedad civil antes de llevar el dictamen al pleno. En un asunto que mezcla paridad, reglas electorales y tiempos de gobierno, los legisladores saben que cada palabra del texto puede tener implicaciones políticas de largo alcance.
Que el gobernador Julio Menchaca envió al Congreso una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público con un objetivo específico: crear una unidad especializada para investigar el delito de extorsión. De aprobarse, la Procuraduría contará con un equipo especializado integrado por ministerios públicos, policías y analistas capacitados y certificados conforme a los criterios del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La propuesta busca fortalecer la capacidad institucional para atender este delito y mejorar la coordinación en investigaciones.
Que la idea es que la investigación de este delito deje de dispersarse y cuente con un grupo dedicado exclusivamente a combatirlo. La iniciativa parte de un diagnóstico que ya comparten empresarios y comerciantes: la extorsión se ha convertido en uno de los delitos que más presiona a negocios, especialmente a micro, pequeñas y medianas empresas. Con esta reforma, el gobierno estatal busca fortalecer la coordinación y mejorar la capacidad institucional para enfrentar un problema que ya no puede tratarse como un delito menor.