Que en la exposición del llamado Plan B que el Ejecutivo federal enviará el próximo lunes al Congreso, salió a relucir un dato que no pasó desapercibido en Hidalgo: Huejutla, Mineral de la Reforma, Pachuca, Tizayuca, Tula de Allende y Tulancingo aparecen entre los 30 ayuntamientos del país con mayor número de regidores, además de contar cada uno con dos síndicos. Un tamaño de cabildos que, visto desde la óptica del gasto público, empieza a incomodar incluso dentro del discurso de austeridad que promueve la federación.
Que la iniciativa rechazada buscaba, entre otras cosas, reducir a los senadores plurinominales y modificar el esquema de elección de diputados por partido; ahora, ante el freno político, el camino será por ajustes legales más específicos. Y apareció otro dato que pone números a la discusión: en Hidalgo cada diputado local cuesta en promedio 11 millones 045 mil 658.88 pesos al año aunque habrá que decir que el Congreso es de “los más baratos” del país, según comparativos nacionales sobre gasto legislativo estatal, lo que también abre debate sobre su eficiencia y resultados.
Que bajo esa lógica, el gobierno federal plantea meter tijera tanto en los congresos locales como en los cabildos municipales. La idea es reducir el número de regidores, ajustar el costo promedio de los legisladores estatales, y regular salarios, dietas y prestaciones. Falta ver si, cuando la discusión llegue a las entidades, quienes hoy ocupan esas sillas estarán tan convencidos de la austeridad como cuando hablan de ella desde la tribuna. Porque una cosa es predicar la transformación… y otra muy distinta aplicarla en casa.
Que en Morena ya empezaron a acomodar el tablero rumbo a 2027 y desde ahora se habla de la designación de coordinadores distritales y municipales en los próximos meses. El dirigente estatal, Marco Antonio Rico Mercado, salió a poner el primer candado al debate al asegurar que esos nombramientos no constituyen actos anticipados de campaña, sino simples tareas internas de organización partidista. En su versión, se trata de labores ordinarias que forman parte de la vida interna de los partidos.