Que en Hidalgo Morena salió a respaldar el “Plan B” electoral y dejó claro que la tijera también podría aplicarse en los cabildos del estado. El dirigente estatal, Marco Antonio Rico, no se anduvo con rodeos y adelantó que no descartan ajustes locales para reducir regidurías, bajo el argumento de austeridad y eficiencia. El respaldo no llega solo: confían en que la iniciativa avance con el apoyo del PT y el Verde en el Congreso federal, eso mientras no les afecte a las bisagras.
Que el dato incómodo es que seis municipios hidalguenses están entre los 30 con más regidores del país, incluyendo Pachuca, Mineral de la Reforma, Tula, Tizayuca, Tulancingo y Huejutla, obvia decir que todos están gobernados por el partido de la 4T. El problema, como siempre, no está en el anuncio sino en la operación. Porque reducir regidores suena bien en términos de ahorro, pero en la práctica también implica recortar espacios de representación política, y chambas.
Que quien anda apagando fuegos, justo en los municipios y no es la primera vez es el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, quien se reunió en San Salvador con integrantes de la comunidad y autoridades locales para atender inquietudes surgidas en el ámbito municipal y acordar una ruta conjunta de trabajo. Durante el encuentro se reconoció que las inconformidades están vinculadas a decisiones del propio ayuntamiento, por lo que se planteó fortalecer la comunicación entre las partes. Además, se establecieron compromisos puntuales para dar seguimiento a las demandas ciudadanas en el corto plazo, con mesas de diálogo permanentes y mecanismos de evaluación.
Que poco a poco se empieza a despresurizar el caso de los detenidos tras el operativo en la Cooperativa La Cruz Azul y es que ya son 29 personas en libertad condicionada de los 33 que originalmente fueron arrestados por delitos que no son considerados graves. Un juez de control, quien permitió que estos seis imputados por resistencia de particulares y pandilla salieran del Cereso de Pachuca, aunque bajo condiciones: firma semanal ante Umecas, garantía económica de 20 mil pesos y la restricción de no salir de Tula de Allende.