Que la renovación del sindicato del Poder Ejecutivo en Hidalgo avanza pero bajo una sombra que amenaza con echar abajo cualquier intento de cambio y se trata ni más ni menos que la legalidad del proceso. Especialistas advierten que la convocatoria podría estar viciada desde el origen al no ser emitida por el órgano facultado, además de arrastrar problemas de quórum y prácticas repetidas de procesos anteriores. El tema es que llegar al 18 de abril con una elección viciada más que resolver, podría profundizar la falta de legitimidad interna lo cual amenaza también los derechos de los trabajadores.
Que cuando se trata de sanciones, todos los partidos hablan de legalidad… hasta que les toca pagar. PRI y PESH ya impugnaron multas por casi 6 millones de pesos impuestas por el INE por irregularidades en el manejo de recursos, desde gastos no comprobados hasta reportes inconsistentes. Pero no se trata solo de tricolores y encuentro, en total, los partidos en Hidalgo acumulan más de 21 millones en sanciones, lo que evidencia que el problema no es de uno, sino del sistema.
Que el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo ya pidió cuentas a los diputados locales sobre la propuesta para garantizar la participación de personas adultas mayores en procesos electorales, tras más de un año sin aprobarse, pese a que existe una sentencia que obliga a legislar. El asunto quedó heredado de una legislatura a otra y sigue en pausa, con el riesgo de que, si no cumplen, el IEEH termine haciendo el trabajo. A esto se suma la presión de colectivos y especialistas que advierten rezago en derechos político-electorales y la urgencia de evitar omisiones.
Que en Hidalgo el Plan B ya es ley y viene con tijera en mano: el Congreso aprobó topar su propio presupuesto al 0.70%del gasto estatal y fijar un máximo de 15 regidores por ayuntamiento, además de prohibir la reelección inmediata de diputados. En el discurso, austeridad y fin de privilegios; en la práctica, empieza la otra historia: cómo se reparten menos espacios, cómo se ajustan los equilibrios y, sobre todo, si los ahorros prometidos realmente llegan a obra pública.