Que en la contienda por integrar el Consejo General del INE, seis perfiles de Hidalgo avanzaron a la siguiente fase entre 171 aspirantes que superaron el examen de conocimientos, destacando consejeros en funciones y ex integrantes del IEEH, lo que evidencia un perfil técnico consolidado; sin embargo, el proceso apenas entra a su etapa clave con entrevistas y evaluación de idoneidad, antes de pasar a la Cámara de Diputados, donde la definición no dependerá únicamente de calificaciones, sino de acuerdos políticos como es de costumbre ¿O no?
Que en Morena Hidalgo bajaron el ritmo en la discusión sobre obligar a postular sólo mujeres a la gubernatura en 2028. El dirigente estatal, Marco Rico, dejó claro que no hay prisa, pues el plazo legal permite mover la reforma hasta septiembre de 2027, una vez que ya se dio prioridad al llamado “Plan B” electoral en el Congreso local. El tema sigue en la mesa, pero sin urgencia política inmediata, mientras se ajustan primero las nuevas reglas electorales y se preparan foros de discusión. En ese contexto, el debate interno se mantiene abierto.
Que aunque oficialmente no son tiempos, en Hidalgo el tablero ya empezó a moverse y los perfiles comienzan a posicionarse rumbo a alcaldías, diputaciones locales y federales, con una estrategia que apunta a colocar más mujeres en espacios clave anticipando las reglas que podrían venir. Para algunos es pronto, pero el calendario no miente: el proceso electoral arranca en el último trimestre de 2026 y las candidaturas se definirán en el primer trimestre siguiente. Lo que ocurra será la antesala de cómo se configure el poder de la 4T en Hidalgo en los próximos años.
Que la Sala Superior del TEPJF puso un alto a interpretaciones “creativas” de la reforma judicial: no basta con haber sido candidato para aspirar a ocupar cualquier vacante. El caso del hidalguense Allan Hernández lo deja claro, al intentar acceder a una magistratura que ni siquiera estuvo en disputa, bajo el argumento de democratizar los nombramientos. El Tribunal fue muy directo: no hay conexión legal entre participar en una elección y reclamar un cargo que no se votó nunca.