Que la firma del convenio entre la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y la Auditoría Superior de la Federación coloca a los 84 municipios bajo una lupa más amplia sobre el manejo de los recursos federales. La expectativa será alta, porque la coordinación entre instituciones sólo tendrá valor si deriva en auditorías más profundas, observaciones bien sustentadas y responsabilidades cuando existan irregularidades. Hay claros ejemplos donde el destino del gasto municipal ha sido motivo de cuestionamientos en distintos momentos.
Que hoy se presenta un adelanto de la Cuenta Pública 2025 y, si las cifras mantienen la tendencia conocida, alrededor del 80% de las observaciones sobre recursos propios recaen en los municipios. El dato cobra mayor relevancia justo cuando la ASEH asumirá la revisión directa del gasto federalizado, porque la mayor parte del dinero que ejercen los ayuntamientos proviene precisamente de la Federación y más de uno estará atento a lo que revelen las auditorías al dinero federal. Al fin y al cabo, para gastar, varios alcaldes han demostrado que la imaginación no tiene límites.
Que en la entidad hay un dato que debería preocupar: el estado ocupa el cuarto lugar nacional en tasa de adolescentes imputados por la probable comisión de un delito, con 502 casos y 142.1 por cada 100 mil jóvenes de entre 14 y 17 años, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La cifra coloca a la entidad por encima de estados más poblados y obliga a mirar más allá de las estadísticas y es que la atención no debe ser solo desde lo judicial, sino también de prevención y atención a las causas que empujan a los adolescentes hacia el sistema penal.
Que la polémica por el relleno sanitario de Tula sumó un nuevo capítulo. La titular de Semarnath, Mónica Mixtega, pidió voltear la mirada al tiradero a cielo abierto del municipio de Tezontepec de Aldama, donde, aseguró, sí existen problemas ambientales. El contraste es inevitable: si la autoridad ya detectó irregularidades ahí, queda la duda de por qué aún no llegan las sanciones que reclama la propia ley en esta materia.