Que la que no pierde tiempo cuando de opacidad se trata es la presidenta municipal de Apan, Zorayda Robles Barrera, pues antes que todo decidió volver a tocar la puerta de los tribunales, ahora en la Sala Superior del TEPJF, en un nuevo intento por revertir las resoluciones que la obligan a entregar información a una regidora, porque cuando la transparencia aprieta, algunos prefieren litigar antes que compartir información que en teoría tiene la obligación de entregar al ser asuntos públicos.
Que la impugnación va contra la sentencia de la Sala Regional, que confirmó el fallo del Tribunal Electoral de Hidalgo que acreditó la vulneración de los derechos político-electorales de la regidora priista María Hernández, al dejar claro que exigir información completa y oportuna no invade la autonomía municipal, sino que garantiza que el cabildo pueda ejercer su función sin vendas. El conflicto nació en una sesión donde se aprobó la Ley de Ingresos 2026, realizada sin entregar a tiempo la información detalle menor solo para quienes creen que los reglamentos son decorativos.
Que después de más de una década de recibir dieta mensual, para 2026 los representantes de partidos ante el IEEH se quedaron sin ese ingreso, pues el Congreso decidió no incluir recursos para ese concepto, recordando de paso que la ley federal nunca obligó a pagarles, aunque en Hidalgo el apoyo se volvió costumbre bien remunerada. Los números no son menores: representantes que llegaron a recibir hasta 52 mil 500 pesos mensuales, que pasaron por etapas de autos en comodato, incrementos graduales y bolsas millonarias anuales.
Que aunque el propio reglamento del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo deja claro que los representantes no son empleados ni funcionarios, sí abría la puerta a otorgar dietas y apoyos sin generar relación laboral, pero para 2026 esa puerta se cerró, dejando claro que participar en el Consejo General seguirá siendo parte del juego político, aunque ya no venga acompañado de cheque mensual ni vehículo asignado, marcando un ajuste en el manejo de recursos y en la lógica de incentivos dentro del órgano electoral.