Que el titular de Planeación, Miguel Ángel Tello Vargas, salió a decir que hay guerra sucia contra el gobierno estatal y que todo partió de un supuesto amparo por delitos fiscales que, asegura, jamás promovió, documento que calificó como una falsificación burda con firma apócrifa y hasta abogado fantasma incluido. La reacción fue inmediata: escrito al juzgado, denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo y una narrativa clara de que no se está defendiendo ningún amparo.
Que lo que está haciendo es denunciar posible delito de usurpación de identidad, porque según su versión, hasta el litigante señalado tuvo que salir a decir que tampoco era él. El fondo del mensaje fue más político que jurídico: sostener que el ruido busca desacreditar los avances del gobierno y que la respuesta será con legalidad y resultados, aunque en estos tiempos la batalla no sólo se libra en tribunales, sino en la percepción pública donde la explicación llega siempre después del escándalo, y donde la narrativa mediática puede influir en la opinión pública, la confianza ciudadana y el rumbo de la agenda política.
Que al interior del Cabildo de Pachuca comienza a crecer el fastidio entre algunos regidores por las ya habituales sesiones vespertinas, programadas así, dicen, para ajustarse a los horarios de quienes también forman parte del magisterio, mientras el resto tiene que acomodar su agenda a esa dinámica que ya rebasa el año. El malestar no es sólo por el horario, sino por la percepción de que hay quienes cobran doble salario y la única manera de lograrlo es con sesiones que bien podrían ser por la mañana o a cualquier hora.
Que el rumor ha crecido pues además se dice que los dobleteros nomás no dan el ancho cumpliendo con lo que marca la responsabilidad del cargo, situación que empieza a generar más ruido interno que cualquier debate en el pleno. Por ahora el tema se comenta en corto, pero no sería raro que pronto deje de ser murmullo de pasillo y se convierta en un asunto que pida explicaciones públicas sobre compatibilidad de funciones y tiempos en el servicio público municipal, sobre todo donde la exigencia de resultados es imperativa.