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Estado de México /

Que algo les hizo cambiar de estrategia a las autoridades estatales de seguridad y procuración de justicia, pues luego de numerosos despliegues con objetivos específicos, en los que tras los primeros movimientos daban a conocer el ingenioso nombre del respectivo operativo y sus alcances, ahora han preferido que sea hasta la conclusión cuando se comuniquen los detalles.

 

Así lo han hecho en los casos contra “anexos” de alcohólicos y drogadictos involucrados en diversos hechos delictivos (al que quizá debieron bautizar con algo así como “Furia de Baco”), y en el más reciente despliegue denominado “Desconexión”, contra los call centers que eran una madeja de extorsiones, presiones y fraudes contra la ciudadanía.

 

Que se puede entender claramente su nuevo proceder por la secrecía de las investigaciones, pero también da por pensar que quizá no estaban bien selladas las rendijas desde dentro y la fuga de información era latente. Sin embargo, este sigilo implica otros riesgos, pues inevitablemente los habitantes ven las aparatosas movilizaciones y comienza a fluir la ya clásica desinformación en redes sociales.

 

Para acabarla, no faltan algunos funcionarios públicos de alto nivel, sobre todo municipales, que no resisten la tentación del protagonismo y sueltan la sopa como para no verse rebasados y sin conocimiento de lo que está ocurriendo en sus demarcaciones.

 

Que salvo la operación Enjambre, que tenía precisamente ese enfoque, casi en ninguna otra se ha señalado a alguien por un aspecto que es obvio: la colusión de autoridades de diversos niveles con la delincuencia como protectores o al menos facilitadores. Así, en los operativos contra barberías, chelerías, deshuesaderos, anexos, call centers, ferreterías y casas de materiales y un largo etcétera… prácticamente ningún funcionario ha salido ni tantito raspado.

En fin, que no por nada Alberto Gándara, presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción estatal, dijo que urge incidir en la integridad de los servidores públicos para que generen autoconciencia del buen comportamiento de origen y que este principio se vuelva obligatorio por ley. ¿Sueño guajiro?


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