Que, desde hace tres meses, circular por el Valle de México se ha vuelto más caótico de lo habitual ante el cierre parcial de la autopista urbana Siervo de la Nación. La vialidad de más de 14 kilómetros que conecta hacia Ciudad de México a los habitantes de Ecatepec, Tecámac, parte de Coacalco y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, sigue sin ser reparada tras un incendio que la dejó intransitable.
Pese a ser una de las vías de cuota más importantes para la región, ni el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares dependiente de las autoridades de estatales de Movilidad; ni la empresa que administra la vía -Autopista Urbana Siervo de la Nación S.A.P.I. de C.V., filial del grupo Mota-Engil-… ¡ni nadie! ha informado sobre el inicio de alguna reparación, mucho menos la fecha de posible reapertura. Mientras, miles de habitantes la pagan y la padecen.
Que por cierto, vale la pena tener presente el dato de que al menos ocho casetas de cobro en autopistas que cruzan el Estado de México y que son operadas por Caminos y Puentes Federales (Capufe) deberán ajustarse a nuevas disposiciones para el uso del sistema de telepeaje conocido como TAG IAVE.
Se trata de las autopistas México–Querétaro, Libramiento Arco Norte, Circuito de la autopista México–Querétaro, México–Pachuca, México–Puebla, México–Toluca y la Autopista Peñón–Texcoco. Una de las novedades es el pospago, en donde los cargos se aplicarán automáticamente a una tarjeta de crédito o débito.
Que hay un dato contrastante que llama la atención en el sistema de justicia, en lo que toca al Estado de México: de las personas privadas de la libertad por delitos del fuero federal en la entidad, al cierre de junio pasado, 56.2% permanecía sujeto a proceso, una proporción que en la cárcel del Altiplano, asciende a 74.5 por ciento.
Pero en lo que hace al fuero común, solo siguen sin sentencia 8 mil 762 de las 36 mil 904 personas recluidas, lo equivalente a 23.7 por ciento, de acuerdo con el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, elaborado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). ¿En qué radicará la diferencia?