Que el Cabildo de Torreón dio luz verde al Presupuesto de Egresos 2026 sin mayor sobresalto, con casi 4 mil millones de pesos para la administración centralizada y otros mil 100 millones para el SIMAS, dejando claro que, al menos en el papel, el dinero sí alcanza, habrá que ver en la práctica.
Que desde la Comisión de Hacienda, Luis Jorge Cuerda Serna subrayó que la mayor parte del pastel se va al gasto corriente, mientras que la obra pública se queda con 585 millones, cifra que para algunos regidores resulta corta frente al tamaño de la ciudad y sus rezagos. Uno de los datos que más llamó la atención fue la bolsa de 700 millones de pesos para Seguridad Pública, rubro que sigue siendo prioridad discursiva, aunque la percepción ciudadana todavía no termina de reflejarlo.
Que después de varios días de presión y manifestaciones, en el Tecnológico Nacional de México campus Saltillo finalmente comenzaron a fluir los recursos para cubrir parte de los adeudos con su personal, lo que permitió saldar quincenas atrasadas y liberar una porción del aguinaldo pendiente, principalmente a trabajadores que llevaban semanas sin percibir ingresos.
Que, aunque al interior del plantel se reconoce el avance, el conflicto aún no está completamente resuelto, pues siguen pendientes estímulos laborales y otras prestaciones contractuales, sin que hasta ahora exista una fecha clara para su pago, lo que mantiene la incertidumbre entre docentes y personal administrativo.
Que el retraso en los pagos fue el detonante de la protesta que recientemente derivó en el bloqueo de una de las principales vialidades de Saltillo, acción que buscó visibilizar la inconformidad del personal y presionar a las autoridades educativas para obtener una respuesta concreta. Versiones internas apuntan a que el origen del problema estaría en retrasos en la asignación de recursos federales, mientras la dirección del plantel continúa realizando gestiones para regularizar por completo la situación financiera y evitar que el conflicto escale nuevamente.
Que el Comité Ciudadano por la Calidad del Agua en la Región Lagunera volvió a poner el dedo en la llaga y advirtió que, pese al discurso oficial, los municipios siguen sin atender de fondo el problema del arsénico en el agua que se extrae de los pozos, incumpliendo la NOM-127-SSA1-2021, que endureció los límites permitidos para consumo humano. Juan Carlos Parga Torres, presidente del comité, no se anduvo por las ramas y aseguró que la administración del recurso hídrico en La Laguna “está muy mal”, pues durante años se pidió prórroga para cumplir la norma y hoy los niveles de arsénico siguen rebasando hasta cuatro o cinco veces lo permitido, con todo y la millonaria inversión pública.
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