Que en la Contraloría Ciudadana del Agua traen la lupa bien puesta sobre el proyecto de Agua Saludable para La Laguna, y no es para menos. Elizabeth Estrada Macías y su equipo ya alistan las botas para pedirle a la Conagua un recorrido oficial por la planta potabilizadora. La molestia no es menor: en varios ejidos de San Pedro el recurso nomás no llega, a pesar de que el compromiso era que para este mes de agosto la historia fuera distinta. Aunque el megaproyecto presume una proyección a 50 años y 45 puntos de entrega en nueve municipios de Coahuila y Durango, la realidad es que apenas opera al 30 por ciento de su capacidad —unos mil 600 litros por segundo— debido a que los sistemas municipales no aguantan la presión por sus redes obsoletas.
Que el otro frente que apretarán las organizaciones ciudadanas es la medición del gasto hídrico en el sector agrícola, tema clave para evitar que el recurso se pierda en los canales. Si bien reconocen que se han dado ligeros avances con la llegada de los nuevos medidores en los módulos de riego, en la Contraloría tienen claro que los viejos cacicazgos y el huachicoleo de agua no se extinguen de la noche a la mañana.
Que por lo pronto, el llamado urgente no solo va para la federación, sino para los gobiernos estatales, pues de nada servirá una mega obra federal si no le meten presupuesto a la infraestructura local ni se concreta la paraestatal que administrará el programa.
Que en el tintero y sin definición clara sigue el dilema del cruce de taxis entre la zona conurbada de La Laguna. La alcaldesa de Lerdo, Susy Torrecillas Salazar, prefirió pintarle su raya al conflicto al asegurar que la regulación de rutas y la verificación del padrón del Registro Público de Vehículos no le corresponde a los ayuntamientos, sino a la dirección de Transporte de Durango.
La munícipe urgió a las autoridades federales a acelerar y transparentar la plataforma del Repuve para evitar que el chequeo vehicular se convierta en bandera de extorsiones en los límites de Torreón y Lerdo, dejando en claro que, aunque la seguridad es prioridad compartida en la mesa del Mando Especial, las facultades son muy claras y no piensa entrar en descalificaciones ni satanizar a las organizaciones de choferes.
Que lo que sí trae entre ceja y ceja la edil lerdense es empujar con fuerza ante el Gobierno del Estado de Durango la entrega de más concesiones para su municipio. Y es que las cifras no mienten ni perdonan: mientras Gómez Palacio ostenta una flotilla de más de tres mil taxis rodando en las calles, Lerdo lleva años atorado en apenas 600 láminas, un rezago que golpea directo al bolsillo local y a la movilidad de los usuarios. Para equilibrar la balanza, Torrecillas condiciona el apoyo al gremio a que los choferes traigan unidades en buen estado y el municipio responda con pavimento digno.
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