Que el priista saltillense, Jericó Abramo Masso, parece condenado a la rutina del eterno aspirante. Quienes caminan los pasillos del tricolor aseguran que, para el 2027, ni siquiera tendrá la opción de “conformarse” con buscar nuevamente la Alcaldía de Saltillo. Todo apunta a que su destino será ir, por quinta ocasión, tras la curul federal.
Mientras tanto, en San Lázaro sigue encendiendo la maquinaria legislativa y redactando proyectos a vapor, aun a sabiendas de que la aplanadora de Morena se los manda directo a la congeladora: de 107 iniciativas que ha presentado en la actual legislatura, la mayoría oficialista apenas le ha dejado pasar una solo para la foto.
Que en el mismo cuadrante de San Lázaro, la efectividad se mide con otra vara. El exgobernador Rubén Moreira Valdez acumula 91 iniciativas presentadas y ya presume cinco aprobadas, demostrando que en el arte de la negociación política el colmillo pesa más que la cantidad.
La semana pasada volvió a acaparar los reflectores al subir al pleno un paquete de 10 reformas diseñadas para meter en cintura a las aerolíneas y frenar sus constantes abusos contra los usuarios. Un movimiento que no solo busca impacto en tribuna, sino conectar con una demanda ciudadana muy sensible.
Que en el Congreso local contaron las cosas como son sobre el reciente punto de acuerdo para fiscalizar al SIMAS Torreón. Resulta que algún legislador anduvo buscando la foto proponiendo exhortar a la Auditoría Superior del Estado (ASE) a revisar las entrañas del organismo operador. La bronca, según balconeó el legislador Felipe González Miranda, es que esa auditoría ya está en marcha y hasta el propio Consejo de SIMAS pidió otra externa.
Total, que la propuesta venía tan desfasada que terminó sobreseída, aunque les firmaran el favor de aprobársela. En el Palacio Legislativo no faltó quien murmurara que fue puro protagonismo para la tribuna, en una sesión donde ni la mitad de los diputados andaban presentes.
Traiga o no reflector, los números rojos de SIMAS Torreón —con ese boquete financiero que ronda los 2 mil 81 millones de pesos— no se van a limpiar solos ni a sombrerazos legislativos. Lo que dejó en claro Felipe González es que, con o sin puntos de acuerdo, la revisión va porque va. La diferencia es que, mientras algunos apenas están redactando la petición para la foto política (y mal elaborada, dicen los que le metieron mano a las correcciones), el ejercicio de transparencia ya venía empujado desde antes. Al final del día, la votación salió por unanimidad, no por sumar a la narrativa populista, sino porque en el fondo nadie puede pegarse el lujo de oponerse a que se aclare hasta el último centavo del agua en Torreón.
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