Trascendió Monterrey

Monterrey /

Que en donde cada día crecen más los reclamos por el actuar de su director es en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, donde a su titular, Luis Gerardo Gómez Guzmán, se le exigen mejores prácticas y actitudes para usuarios y empleados. Se afirma que ya son muchas las voces que se quejan de su trato déspota. Incluso, desde dentro de la administración estatal se dice que todo parece indicar que el funcionario se quedó atrapado en el sexenio de Jaime Rodríguez Calderón, en cuya gestión se permitió que en el Isssteleón reinaran el nepotismo y la corrupción.

Que un grupo de vecinos del Casco del municipio de San Pedro reclamaron al alcalde Miguel Treviño por las afectaciones generadas durante las obras realizadas desde hace meses. Mientras el edil realizaba un recorrido junto a su equipo, algunos colonos lo interceptaron para cuestionarle, entre otras cosas, la tardanza en los trabajos, el impacto en los negocios y lo que consideraron una falta de apoyos por parte de la alcaldía.

Que la secretaria estatal de Administración, Gloria Morales, anunció ayer la realización del evento Provee NL 2023, en el cual el Gobierno nuevoleonés presentará su estrategia para impulsar el desarrollo de las empresas proveedoras. Uno de los objetivos de esta iniciativa es elevar la participación de los empresarios locales en las compras públicas estatales y fortalecer la confianza de los proveedores en los procesos de adquisición.

Que un análisis de Coparmex Nuevo León, realizado con base en el Cuarto y Quinto Informe de Labores de la Secretaría del Trabajo federal, identificó que además de tener que cumplir con cada vez mayor normatividad laboral, las empresas son ahora también blanco de más inspecciones por parte de esa dependencia. El organismo patronal encontró que de septiembre de 2022 a junio pasado el número de inspecciones laborales realizadas a nivel nacional aumentó 19 por ciento respecto de las ejecutadas en el mismo periodo del Informe anterior. “Como resultado de dicha vigilancia se cancelaron 370 registros y se impusieron multas a distintas empresas por incumplimientos a la normativa en materia de subcontratación, que en su conjunto equivalen a 27 millones de pesos”, se detalló.


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