Que ahora sí agárrense todos, porque la Suprema Corte de Justicia, con su decisión salomónica, le dio a los dos bandos en disputa política la facultad de congelar cuentas e investigar anomalías financieras. Resulta que los ministros validaron la creación de una Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera, dependiente de la Fiscalía General de Justicia, pero dejando en claro que tanto esta como la UIFE, que depende del Gobierno estatal, pueden actuar parejo en eso de congelar cuentas. Sobra decir que con los tiempos electorales encima, esta arma puede ser utilizada con muchos fines por ambos bandos. ¿O se usará esta facultad para la verdadera persecución de delitos?
Que muchos pensaron que ya la habían librado, pero no, a partir de ayer las autopistas de Nuevo León subieron de precio como cada año por estas fechas. Anoten que la caseta de Guadalupe pasó de 84 a 88 pesos; la de Cadereyta de 84 a 87 pesos y los que se dirigen al Aeropuerto, ahora pagarán 63 pesos, en lugar de 60. En cuanto al Periférico, el costo aumentó de 221 a 230 pesos en Lincoln y de 174 a 181 pesos en Apodaca. Ya se habían tardado.
Que mucha extrañeza causó en varios círculos del Gobierno estatal que el gerente regional de Conagua, Luis Carlos Alatorre, pidiera que le enviaran una solicitud formal para cambiarle el nombre a la presa Libertad por presa León. Lecturas empezaron a circular al por mayor entre funcionarios: desde que formaba parte de una rudeza innecesaria (ad hoc al Super Bowl), hasta quienes aseguran que va por el puesto titular en Agua y Drenaje. Sea el motivo que provocó la petición, se sabe que al día de hoy no hay una respuesta formal. Y eso también dice mucho.
Que si no hay cambios de última hora, este día se estará votando la polémica reforma de tarifas sociales, la cual permite descuentos y costo preferencial para personas sin discapacidad, adultos mayores, estudiantes y personas en general. Esto implica que se dará revés al veto enviado por el gobernador Samuel García hace unas semanas y de hecho estaba previsto para ser discutido en la sesión de ayer, pero errores de técnica legislativa lo mandaron hasta hoy. Superada esta observación, el Estado se verá obligado a publicarlo en el Periódico Oficial, aunque se prevé que el Ejecutivo recurra a la Suprema Corte, alegando impacto presupuestal.