Que ese silencio que priva no es precisamente porque sean días de reflexión ni por el periodo vacacional, es porque ayer el Gobierno estatal calló sobre el aumento en las tarifas del transporte público. Como se consignó ayer en este medio, algunas rutas subieron el costo del boleto en efectivo a 17 pesos y aunque ayer se buscó en varias ocasiones a los responsables del Instituto de Movilidad, nadie contestó. Al menos el encargado del Despacho, Abraham Vargas, todavía andaba en la ciudad el pasado martes y apareció en eventos e historias, pero al parecer ayer puso tierra de por medio… con la polémica.
Que desde la tercera cuerda, como en lucha libre, se aventaron ayer las diputadas del PRI, Lorena de la Garza y Armida Serrato, contra la falta de propuesta oficial para designar a un secretario de Finanzas en Nuevo León. El plazo venció ayer y el Gobierno estatal no remitió ningún documento al Congreso local para plantear un perfil al cargo, aunque también justo es señalar que no había quién recibiera la propuesta porque el Legislativo está de vacaciones. Sin embargo, eso no impidió que las diputadas amagaran con dar parte a la Segob del incumplimiento e incluso, anticiparon que el encargado actual, Ulises Carlin, ya no tiene atribuciones legales.
Que al menos una buena noticia salió en medio del pleito que desde hace tiempo se traen entre Poderes, al confirmarse que todos los trabajadores del sector público recibirán su aumento salarial. Más allá de las diferencias existentes, los platos rotos los estaban pagando muchos empleados que ni filiación partidista tienen, y que desde hace años laboran para los organismos y Poderes, a quienes literalmente se los estaban llevando de encuentro. Ayer el Estado confirmó que sí habrá pago y que se hicieron ahorros para llegar a este final feliz. Por ahí hubieran empezado.
Que a los esfuerzos estatales y de organismos para actuar en contra de la refinería de Pemex en Cadereyta se suma una iniciativa más, por parte de un movimiento denominado Sí Se Puede Nuevo León. Su objetivo es juntar 100 mil firmas para solicitar una consulta pública que plantee la reubicación o al menos la remodelación de la planta.