Que más tardó en nacer que en morir y ser sepultada: así la corta vida de la alianza entre panistas y priistas con morenistas en el Congreso local. Ayer, en una encerrona con el senador Alejandro Murat, los diputados locales del partido guinda acordaron no apoyar la reforma judicial, electoral y de transparencia de albiazules y tricolores, además de ir solos en el tema presupuestal. Por cierto, ahí mismo les avisaron que hoy tendrán la visita de la todavía presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, a la apertura oficial de la sede del partido en el estado, que se encuentra a sólo unos pasos de las oficinas del PAN en Nuevo León… Juntos pero no revueltos.
Que hablando de Morena, ayer fue día de reunión para todos los delegados federales en Nuevo León. En este encuentro expuso Javier Contreras, de la CFE, quien realizó la presentación de la infraestructura eléctrica, considerada por la 4T como fortaleza del estado. Sin embargo, la grilla real vino con el segundo y último asunto, a cargo del titular de Segob en la entidad, Héctor Gutiérrez, que presentó “en qué consiste el plan B electoral”. Bajando línea desde Palacio Nacional.
Que así estará el problema de seguridad para que ayer en San Pedro se anunciara que los motociclistas deberán quitarse el casco al entrar a cualquier establecimiento, como parte de un plan para evitar hechos delictivos. Si bien por el momento es sólo un proyecto piloto, ya existe una propuesta para modificar el reglamento de seguridad. Para nadie es secreto que muchos delitos, entre éstos las ejecuciones, se cometen utilizando las motocicletas como método de transporte, y el casco les brinda un anonimato que se busca evitar.
Que cada vez son más las voces que piden tomar acciones en las escuelas, dado el conflicto que generan los menores con el uso de redes sociales y celulares. El reto viral de TikTok que promueve la difusión de amenazas falsas de tiroteos, sumado a los pleitos que son publicados en redes son apenas dos botones de muestra de una realidad que afecta a los planteles. Por ello es que muchos se preguntan, entre ellos algunos diputados locales, si valdría la pena imponer medidas, como trabajo comunitario, a los responsables de estos incidentes.