Que como ha ocurrido en ocasiones anteriores, la SCJN nuevamente metió presión al Congreso local para que informe el trabajo realizado para homologar la reforma en materia de transparencia. El asunto es que la petición de los ministros agarra con las manos en la puerta a los diputados de Nuevo León, ya que hasta donde se sabe, no existen acuerdos para sacar adelante el asunto. Seguramente los legisladores se excusaran con algún tecnicismo para quitarse de encima la presión del máximo tribunal, pero sólo es una forma de ganar tiempo para sacar si o si el tema. Ya es inevitable.
Que la pugna entre Agua y Drenaje con los municipios metropolitanos no cesa, y muestra de ello es que ayer Escobedo se sumó a esta polémica. Resulta que apenas lo designaron como encargado de despacho, pero José Antonio Quiroga recibió durante un recorrido los reclamos de vecinos por fugas de aguas negras en colonias de Escobedo, por lo que elevó dicha molestia al organismo, exigiendo solución inmediata. Súmele que ayer mismo el alcalde de García, Manuel Guerra, se fue a quejar a la Cámara de Diputados en CdMx por la falta de servicio en su municipio. Se recrudece el conflicto.
Que el gran reto ahora que el Congreso local bajó las edades para aspirar a cargos públicos en Nuevo León es lograr que los jóvenes acudan a las urnas en 2027. Si bien ya tendrán el derecho de postularse desde los 18 años, resulta que el segmento juvenil es el que, históricamente, menos vota, con apenas 47 por ciento de participación. Lo relevante es que ellos pueden, por sí mismos, inclinar la balanza por la gubernatura. ¿Vencerán la apatía?
Que mientras el tema de la paridad para la gubernatura sigue en el aire, el IEEPCNL ya empezó a recabar opiniones de otros sectores para blindar las candidaturas en 2027. Así, tras un diálogo con representantes de organizaciones LGBTTTIQ+, éstas plantearon mecanismos que impidan la simulación y la usurpación de espacios. Como es obligatorio postular integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+ en las planillas municipales, lo que buscan es evitar que personas no acreditadas por organizaciones civiles acaparen espacios que no les corresponden. Buscan certeza.