Que hoy el gobierno de Ciudad de México, que encabeza Clara Brugada, dará a conocer las acciones para apoyar a los comerciantes del Centro Histórico afectados por el plantón de la CNTE, luego de la reunión que sostuvieron con autoridades y con el reconocimiento de que el cierre de calles ya pegó en la actividad económica del primer cuadro, pero también a sabiendas de que cualquier anuncio deberá caminar entre dos presiones: atender a los negocios formales sin romper el diálogo con el magisterio, que, por lo demás, ni quiere hablar.
Que por cierto, los joyeros del Centro Histórico lograron que las autoridades accedieran a abrir parte de la calle de Madero, del Eje Central a Bolívar, que permanecía cerrada por las manifestaciones. Para presionar, los comerciantes también realizaron bloqueos a fin de que los maestros permitan el paso a compradores y locatarios, pues aseguran que la afectación es grave con caída de ventas de hasta 80 por ciento, y confían en que se libre el paso hacia el Zócalo, donde se realizará el Fan Fest la próxima semana.
Que como lo que falta a esta ciudad son manifestaciones, ayer un grupo de 70 personas se concentró en el Ángel de la Independencia para marchar y exigir respeto pleno al trabajo sexual y el reconocimiento de sus derechos, con demandas como vivienda, salud, seguridad y condiciones dignas para vivir y ejercer su labor, en respuesta a la violencia institucional, el desplazamiento provocado por los megaproyectos y la criminalización social. Bueno.
Que la titular de la Secretaría Anticorrupción, Raquel Buenrostro, anunció la imposición de sanciones de gran calado, entre las que destacan cuatro inhabilitaciones por 10 años, de los castigos más altos, por casos de corrupción en el IMSS, Alimentación para el Bienestar y la Secretaría de Energía.Aunque se trata de sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que preside José Ramón Amieva, esas resoluciones fueron posibles por las sólidas pruebas aportadas por las áreas investigadoras de la dependencia
federal.