Que el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, constató que el personal del órgano legislativo ha respondido al llamado a donar agua, víveres, medicinas, material de curación y productos de higiene personal en el centro de acopio instalado en San Lázaro para auxiliar a la población afectada por los sismos en Venezuela, pero instó a los legisladores a colaborar con la causa y llevar sus aportaciones a la brevedad. Aclaró, eso sí, que todo se entregará a la Marina o la Defensa para su traslado directo a las zonas siniestradas.
Que el embajador de México en EU, Roberto Lazzeri, visitó al equipo de la Sección Consular en Washington para conocer la labor que realiza todos los días en favor de los paisanos y aprovechó para revisar los principales programas y seguir fortaleciendo el trabajo en la materia, pues la protección de la comunidad es el primer deber de la representación.
Que desde prestadores de servicios y proveedores se multiplican las voces que se quejan de que en Alimentación para el Bienestar hay quienes siguen actuando como si los tiempos de Segalmex no hubieran terminado y los nombres que más repiten son los de Carlos Alfredo Sánchez, de quien se dice presume tener el control de decisiones y coacciona a los que ganan licitaciones, y de Alejandro Pérez Hernández, director de Evaluación, Planeación y Proyectos, área desde donde aseguran que se materializan las presiones y se envían los mensajes de que ningún contrato camina sin el visto bueno de ellos. ¿Sabrán algo la titular de Alimentación para el Bienestar, el Órgano Interno de Control o la Secretaría Anticorrupción?
Que dicen los enterados que la decisión de dar por concluidos los nombramientos de los 43 servidores públicos del Instituto Federal de Defensoría Pública por parte del director Benjamín Rubio Chávez encendió las alertas en el Órgano de Administración Judicial, porque es personal que realiza funciones sustantivas, por lo que quizá deba recontratar a 15 de ellos. ¿Será?