Que el titular de la SEP estatal, Manuel Viveros, reconoció que hasta ahora no le han informado los resultados de la auditoría por la entrega irregular de unas 700 plazas, aunque asegura que ya entregó toda la documentación requerida. Mientras el dictamen sigue en el limbo, al interior de la dependencia ya se registraron 10 movimientos entre subsecretarios y directores, un “reacomodo” administrativo para ir poniendo orden, sin tocar todavía los muebles grandes. Se dice que los resultados de la revisión no aparecen, las plazas siguen siendo tema y los cambios avanzan por partes.
Que el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, se reunió con la alcaldesa de San Andrés Cholula, Guadalupe Cuautle, para exhortarla a que las obras públicas se ajusten a la normatividad estatal y federal, en el marco del proyecto de la Radial Cuayantla. El encuentro ocurre luego de que el ex regidor Raymundo Cuautli denunciara un posible sobrecosto, lo que encendió alertas sobre la transparencia en el uso de recursos. Se dice que además se habló del trámite para publicar en el Periódico Oficial del Estado la expropiación de un predio por parte del ayuntamiento, aunque El Profe Pala dejó claro que el gobierno estatal todavía no ha dado el aval.
Que en Ciudad Serdán los comerciantes ya levantaron la voz y pidieron al consejero municipal en funciones, José Guadalupe Méndez Rocha, reforzar de inmediato la vigilancia ante el aumento de robos y asaltos en los últimos meses. Además, solicitaron al gobierno estatal revisar las estrategias de seguridad del Concejo Municipal, al advertir que la inseguridad ya pega directo al patrimonio, al empleo y al ánimo del sector económico.
Que al Centro Deportivo Comunitario Madriguera, operado por Topos FC, lo robaron y se llevaron mobiliario, material deportivo y equipo de emergencia, afectando un espacio construido con puro esfuerzo colectivo. Más allá del delito, lo que queda vulnerado es la confianza para habilitar un espacio de este tipo sin miedo y la posibilidad de seguir trabajando de forma digna, afectando de manera directa a más de 70 personas con discapacidad visual y sus familias.