La guerra por el agua

  • ADN mexiquense
  • Eduardo Garduño Campa

Estado de México /

La crisis hídrica que se vive en una cantidad importante de municipios del Estado de México obedece a dos factores: Uno a la caída en los volúmenes de almacenamiento de las presas que conforman el sistema Cutzamala y, dos, a la incapacidad de los organismos operadores de agua potable en la distribución del vital líquido, pues es inequitativo a la hora de abastecer las redes que llevan el agua a los hogares.

Valle de Bravo es un ejemplo de lo que se puede replicar en el resto de la entidad. Si bien es cierto que la presa ha perdido más de 60 por ciento de su almacenamiento, también lo es que aún hay manantiales que se constituyen en fuentes de abastecimiento de agua a hogares.

Pero aquí es donde las autoridades de los tres niveles de gobierno no responden a las necesidades de la población, pues a pesar de que la constitución es clara sobre la propiedad de los recursos naturales. Hay lugares donde los habitantes se sienten con derecho de administrar y explotar los manantiales y escurrideros e impiden que haya extracción para atender el abasto del vital líquido.

Eso no es exclusivo de Valle de Bravo. En Toluca hay comunidades donde el servicio de agua potable y alcantarillado lo manejan los propios habitantes a través de los comités vecinales de agua y son ellos los que deciden cuánto y cómo se hace la distribución del vital líquido.

En Zinacantepec, en la zona sur de la cabecera municipal, suman cuatro años que el abasto de agua a los hogares se hace en pipas, pues el comité vecinal no autoriza que se abran nuevas tomas y menos instalar una nueva red.

En Lerma, el caso es parecido lo mismo que en Ocoyacac y San Mateo Atenco, los comités vecinales en algunas comunidades tienen el control de la administración y extracción de los pozos que suministran de agua a los hogares.

Es claro que la demanda de agua es mayor que hace 10 años o hace 20 años. Eso no está a discusión y eso obliga a la promoción de políticas públicas para que se haga un uso racional del líquido,

Pero, una cosa es impulsar el consumo racional y otra que los comités ciudadanos o vecinos de una comunidad se sientan los dueños del agua y sean quienes decidan cuánto y cómo se distribuye el vital líquido.

Es ahí donde no hay coherencia y donde se exige a la autoridad federal ponga orden. Pues no se puede permitir lucrar con la necesidad de las personas y menos comercializar con el vital líquido, pues hay lugares donde la delincuencia organizada ya está introduciéndose para tener el control en el abasto de agua. Ojo, porque al rato será imposible acabar con esas lacras que se incrustan y no se quitan tan fácil.


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