La revisión de las cuentas públicas es sin lugar a dudas uno de los ejercicios más reconocidos por la sociedad, por ser quizá la única herramienta con la que la gente puede conocer el destino de los recursos del pueblo durante las gestiones de los gobernantes.
Sin embargo, más allá de ocuparse para solventar asuntos administrativos y financieros, se ha visto con el paso de los años y los cambios de partidos en el poder, que es más un recurso para tomar revancha o venganza de los adversarios políticos.
A pesar de que hay evidencias de que en algunos casos se ha pedido y ordenado el resarcir el daño al erario público, y se ha cobrado en multas millonarias, como en los casos de la Estafa Siniestra de Hidalgo, hay muchos otros en donde no ha pasado nada, y se usa el tema como forma de acabar con la reputación o de simplemente hundir a un personaje mientras el otro está en lo más alto del poder.
La ciudadanía, que para el siguiente año ya no contará con instituciones como el INAI, desconoce cómo se realizan este tipo de revisiones de parte de órganos como la Auditoría Superior, tanto del gobierno federal, como en los estados.
Por lo tanto, la falta de un acceso certero a la información de la revisión de cuentas y a los procesos de los políticos denunciados, también terminará por levantar sospechas sobre el uso faccioso de la herramienta judicial para ajuste de cuentas.
Es algo que ni la reforma constitucional para renovar a jueces y magistrados va a poder atender en lo inmediato, y mientras pasa la elección de ministros de 2025 a 2027, cientos de casos procedentes de las auditorías podrán ser remitidos sin pudor.
La ciudadanía también exige que haya claridad en las instituciones actuales, no solo que se resquebraje un sistema anterior o de administraciones pasadas, sino que el de ahorita, en todos los niveles, sea diferente y lo demuestre en los hechos.
De lo contrario, el pensamiento colectivo seguirá siendo el de meter a todos los políticos en el mismo costal y esperar a nuevas elecciones para poder validar o cambiar de preferencias políticas.