Ayer los diputados federales aprobaron con 399 votos, 44 en contra y una abstención, la Ley de Ingresos 2018 con un aumento de 43 mil 291 millones de pesos respecto a la propuesta del Ejecutivo, recurso que informaron serán destinados a la reconstrucción de las afectaciones causadas por los sismos de septiembre.
Durante la discusión en lo particular las fracciones del PAN, PRD, Morena y MAC presentaron 91 reservas que fueron discutidas durante cinco horas y finalmente desechadas. Lo anterior puso el ambiente político a flor de piel con argumentos más adentrados en la "grilla" que en el rigor técnico y fiscal.
Hay que destacar fuera de apasionamientos partidistas o de calenturas previas a 2018, que al realidad nos sitúa en un escenario poco propicio para la aventura presupuestal o la planeación con cifras alegres; todo lo contrario, se debe reforzar el modelo económico con una ley que permita transitar de la mejor manera en un año que se antoja complicado para el país, no solo por las elecciones sino por los factores externos, internacionales y el resultado de lo que pueda ocurrir con el Tratado de Libre Comercio.
De inicio, se percibe una Ley de Ingresos que busca un solo objetivo: contar con finanzas sanas. Algo que parece ir en contra de la propia cultura del mexicano –poco ahorrativo, sin organización y gastalón- pero que a nivel administración gubernamental es reflejo de una disciplina que se ha adoptado por años.
Menor déficit. Gracias a la Reforma Hacendaria de 2013 y a una política económica responsable, el déficit público seguirá reduciéndose para ubicarse en 2.5 por ciento del PIB en 2018, esto a pesar del fuerte impacto adverso que ha significado la reducción de la producción del petróleo y el comportamiento de los precios de los hidrocarburos durante los últimos años.
Pude conversar sobre el tema con el diputado federal hidalguense, Pedro Luis Noble Monterrubio quien participó de manera activa en el cabildeo y estira y afloja de todas las disposiciones previas a la aprobación de la Ley de Ingresos 2018.
De acuerdo al legislador por el distrito 3 de Actopan, el dictamen generado en San Lázaro prioriza un tema importante: no hay nuevos impuestos ni aumentos. Además, como resultado de una política hacendaria prudente y responsable, se reduce el endeudamiento neto del sector público, lo que a su vez permitirá lograr en 2018 un superávit, sí, saldo a favor.
A la par, se obtienen beneficios fiscales para familias y empresas como el estímulo a la importación de diésel o biodiesel y su mezclas; los bonos de carbono como medio de pago del IEPS de combustibles fósiles; no acumulación para efectos de ISR de donativos de personas morales y fideicomisos para recibir donativos deducibles; el otorgamiento de facilidades para el cumplimiento de obligaciones en materia de subcontratación laboral; descuento de 50 por ciento en las cuotas de los derechos consulares y de 70 por ciento en el registro del títulos de técnicos o profesionales técnicos. Aún hay mucho por desglosar.
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