Más de la mitad de los campesinos de México son pobres. El hecho no parecería ser nuevo pero sí es noticioso e importante ya que pasan los años y las administraciones y dicho sector no solo carece de atención social sino de certeza jurídica que les permita hacer de sus tierras espacios productivos que den empleo y que sirvan de fuente alimentaria.
Recién culminó la semana, diputados, académicos y magistrados se pronunciaron por superar la pobreza del campo y pidieron impulsar la producción de alimentos, generar empleos y reconvertir terrenos para aprovechar su potencial.
Lo anterior se dio en el Seminario Nacional Permanente “La participación del Estado en el desarrollo agrario”, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde se afirmó que la falta de atención al sector “pone en riesgo” la gobernabilidad y la paz social en varias parte del país.
Jorge Joaquín Gómez de Silva Cano, magistrado del Tribunal Unitario Agrario, sostuvo que es imprescindible recordar que las mujeres y hombres del campo producen a diario alimentos para toda la población, lo cual debe recompensarse con la impartición de justicia, mediante la certeza legal en la propiedad de su tierra. Y destacó que la justicia agraria es una aspiración de los campesinos para elevar los niveles de bienestar, iguales a los que disfrutan otros sectores económicos y productivos, ya que realizan grandes esfuerzos para producir alimentos, por lo que tienen derecho a mejores condiciones de vida para sus familias.
De entre los datos más relevantes, se dijo que son dos millones de kilómetros cuadrados la superficie total del país, y sólo se destina a la producción agrícola poco más del 10 por ciento, debido a que la mayoría son zonas áridas y semiáridas, las cuales abarcan la mitad del territorio.
Ante ello urgieron a diseñar una estrategia nacional que impulse y conserve esas zonas, ya que sólo una política pública que siente las bases y acciones para los próximos años para promover los cambios estructurales en los diferentes ambientes ecobiológicos que tiene el país, se podrá reducir la pobreza y generar oportunidades reales de empleo.
El gobierno puede ofrecer programas y subsidios para apoyar la producción agropecuaria, pero la seguridad en la propiedad de la parcela es vital para que más de cinco millones de ejidatarios sigan produciendo alimentos y se modernicen sus sistemas productivos, en las más de 32 mil unidades de cosecha, que ocupan más de 101 millones de hectáreas, es decir, más de la mitad del territorio es de uso agrícola.
Igual se dijo que en la superficie nacional agropecuario habitan 25 millones de mexicanos que siguen sin tener una presencia real o importante para las políticas nacionales, más allá del apoyo al sector rural y los programas asistenciales.
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