Los hechos ocurridos este 1 de diciembre en la ciudad de Tula son producto de un colapso en la gobernabilidad y el sistema de justicia en México. No se trata de un hecho particular o que solo tiene que ver con Hidalgo.
De las primeras investigaciones surgen incógnitas naturales que deben ser resueltas no solo por la policía, sino por los propios gobernantes, pues es la ciudadanía la que ha terminado confundida, espantada y con la incertidumbre de saber qué pasará en la zona.
Primero. El viernes 26 de noviembre se detiene a una persona en Texcoco, Estado de México, de la cual se sabe que era investigada por las autoridades de Hidalgo por su relación con delitos como secuestro y es identificado como uno de los líderes de la organización “Pueblos unidos”, misma que durante este año lanzó amenazas en videos de redes sociales en contra de huachicoleros y agentes.
Segundo. A cinco días de su reclusión, es liberado de forma intempestiva y violenta por un comando armado que dejó dos custodios heridos por disparo de arma de fuego.
Tercero. Se fugan 9 internos, la mayoría provenientes de estados como Michoacán o Edomex, y quienes se encontraban bajo proceso por el mismo delito de secuestro.
De dicho escenario crece la hipótesis de que en la región de Tula, en la zona sur que colinda con Querétaro, en el Valle del Mezquital, Ixmiquilpan, además de municipios como Tecozautla y Tepetitlán, se encuentran operando desde hace mucho tiempo, células del crimen organizado que no han podido ser desactivadas.
Los hechos del Cereso en Tula son una afrenta clara a la inteligencia federal y a las fuerzas locales, ya que no es fortuito que estén haciendo y deshaciendo en territorio hidalguense sin que alguien sepa qué es lo que realmente está pasando.
Eduardo González
Twitter: @laloflu