Nuevo León, Jalisco y Querétaro son las únicas entidades que no han realizado la reforma judicial necesaria para armonizar sus respectivas constituciones con la reforma federal en materia del Poder Judicial, publicada el 15 de septiembre de 2024.
De acuerdo con el Artículo Octavo transitorio del referido decreto: “Las entidades federativas tendrán un plazo de 180 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del decreto, para realizar las adecuaciones a sus constituciones locales”.
Ahora bien, considerando que la referida reforma constitucional entró en vigor el 16 de septiembre de 2024, el plazo constitucional venció, salvo error de cálculo, el 14 de marzo de 2025. En el caso de Nuevo León, nuestros legisladores no sólo han incumplido con dicha obligación, sino que, sin una buena razón, han señalado que el retraso podría prolongarse hasta 2028.
Todo funcionario público protesta cumplir y hacer cumplir la Constitución. Sin embargo, los diputados locales del PRIAN han demostrado –para que los ciudadanos lo recuerden al votar– que el conflicto permanente con el Ejecutivo estatal les impide alcanzar acuerdos fundamentales para Nuevo León.
Imagínense: se ha dicho que debido a la gran cantidad de visitantes que llegarán por las actividades relacionadas con el Mundial de futbol, se buscará aprobar el Presupuesto de 2026 antes del inicio de la justa mundialista, a fin de evitar contratiempos administrativos y garantizar la adecuada organización del evento.
Ante ello sólo cabe preguntar: en el caso de la reforma del Poder Judicial del Estado, ¿qué acontecimiento importante tendría que ocurrir para que los legisladores se dignen a actualizar nuestro sistema de justicia conforme a los nuevos lineamientos constitucionales?
En Nuevo León, la demora –o resistencia a la reforma– se ha justificado en la supuesta defensa de la independencia judicial; pero, a decir verdad, en el fondo se refleja la disputa entre los partidos y el sector empresarial por influir en la designación de los futuros jueces. Se necesita la fuerza de la ciudadanía para que los diputados cumplan con sus obligaciones.