No se puede negar que la denuncia penal del morenista Waldo Fernández González contra la priista de origen tamaulipeco Karina “N” se inscribe en la disputa por el posicionamiento político rumbo a la próxima gran elección nuevoleonesa.
Pero no se trata únicamente de ese aspecto. Los hechos que motivaron la denuncia presentada por Waldo Fernández contra Karina “N” y otras personas ante la Fiscalía General de la República, por la probable comisión de los delitos de falsedad en declaraciones ante autoridad, cohecho y extorsión, se suscitaron durante el proceso electoral de 2024, en el cual ambos contendían por una senaduría.
En consecuencia, el asunto no solo reviste connotaciones políticas, sino que presenta, de manera inequívoca, una dimensión estrictamente jurídica que debe analizarse con responsabilidad profesional y ética.
Mirando el pasado, esto significa que el caso de Karina “N” podría ser uno más en el que se evidencie una práctica lamentablemente recurrente: la de políticos que, sin reparar en que los justiciables esperan una justicia ya de por sí lenta, convierten a los tribunales en un escenario adicional de la contienda política, recurriendo a triquiñuelas y falsedades para intentar derrotar a sus adversarios en la contienda.
Pero lo más lamentable es que los políticos que recurren a la guerra sucia encuentren en las fiscalías y tribunales a funcionarios dispuestos a dar forma jurídica a las falsedades e intrigas. Ojalá que este caso, que hace temer que sea uno más en una cadena de injusticias, se convierta en el primero en cuyo desenlace la justicia prevalezca sobre la manipulación y la impunidad.
Lo que informa el senador Waldo Fernández en las redes sociales de la intervención de la Fiscalía General del Estado en este feo asunto es aterrador: dice que el inejercicio de la acción penal ─que por cierto dice que no se la querían entregar─ se fundamenta en que la víctima nunca se identificó, lo que no se explica cómo fue admitida la denuncia; que la historia es inverosímil; que no se hicieron los estudios psicológicos y médicos; y que no hubo interés procesal. No podemos, no debemos permitir que se siga jugando con la justicia.