El conflicto Santa Lucía vs Texcoco no termina y al parecer no son razones técnicas las que chocan entre sí, sino razones políticas, ya que los expertos sostienen que estos dos proyectos fallan en sus cálculos de costo-beneficio.
Por un lado, con argumentos de todos conocidos el Presidente defiende la posición de Santa Lucía; y por el otro, las fuerzas políticas que en las primeras semanas de su gobierno salieron a las calles para exigirle que renuncie, no escatiman ningún recurso legal para que se suspenda la obra de Santa Lucía y se decida por Texcoco.
Ante esta situación, AMLO ha anunciado que hará uso de recursos legales que la ley otorga al estado para continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Santa Lucía.
La pregunta es: ¿Cuál será el recurso que usará Andrés Manuel para echar abajo los amparos y continuar con Santa Lucía?
Los malquerientes del Presidente se apresuran a especular que las facultades del Estado a que se ha referido al Presidente sería revocar el acto reclamado, con lo cual se sobreseen todos los amparos interpuestos, para así poder continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Santa Lucía.
Si se decidiera por esta salida legaloide, es decir, completamente fuera de la ley, que es lo que muchos están esperando para mostrar que AMLO es un dictador y un enemigo de las instituciones, no estaríamos ante un acto de autoridad, sino ante una arbitrariedad.
El Presidente no puede, no debe recurrir a ningún tipo de legalismo, artimaña o chicanada para sacar adelante su proyecto; su actitud debe ser firme, pero de respeto irrestricto al estado democrático constitucional de derecho y aceptar, con gallardía, cuando la razón jurídica no le favorezca.
La otra opción es que se decrete la construcción del nuevo aeropuerto en Santa Lucía como una obra de interés público, con lo cual, como algunos juristas ya han advertido, ésta quedaría blindada contra cualquier recurso legal.