Es razonable afirmar que en ciertos momentos, el CJNG ha erosionado funciones de la “soberanía del Estado” en zonas de México. Con fuerte influencia y control significativo en Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Veracruz, Zacatecas y Nayarit; presencia relevante y disputa activa en Nuevo León, Baja California, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y Aguascalientes; y menor presencia en el resto de las entidades. Sin embargo, cabe preguntar si esto motivó la reacción radical de la presidenta Claudia Sheinbaum contra El Mencho o si pesó más la presión del gobierno de Estados Unidos.
Cuando aparecen declaraciones como las del alcalde de Tequila, Diego Navarro Rivera, sobre su subordinación al crimen organizado –pues presumía cercanía con El Mencho, a quien llamaba “patrón”, para intimidar o presionar a comerciantes y empresarios (MILENIO, 26-02-2026)–, el problema deja de ser solo criminal y se convierte en una disputa por la soberanía efectiva del Estado.
Ahí radica la dificultad: estimo que Sheinbaum advirtió la necesidad de fortalecer la legitimidad política interna del Estado. No podía permitir que se consolidara en la ciudadanía la percepción de “autoridades paralelas”. Su gobierno no es un narcogobierno, ni el Estado mexicano puede calificarse como narcoestado.
Es verdad que las primeras veces que los medios hablaron de narcoestado fue en los años 80, a raíz de los vínculos entre narcotráfico y autoridades mexicanas tras el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, en 1985.
Desde entonces, la expresión narcoestado se intensificó hasta eclosionar en 2024, cuando se imputó al gobierno de López Obrador. Luego, el 12 de febrero de 2026, Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular, aplicó ese término a México en un evento internacional; la presidenta Sheinbaum lo rechazó como “calumnia” y “propaganda falsa”.
Cierto, la presión de Donald Trump influyó en las acciones militares contra El Mencho, entre otros factores; sin embargo, el factor principal de Sheinbaum fue la defensa de la soberanía del Estado.