México enfrenta retos decisivos en el año que hoy inicia: fortalecer las instituciones para contener al crimen organizado, reconstruir el estado de derecho, combatir la corrupción y reducir la desigualdad que excluye a millones. Pero hay un desafío clave para enderezar el rumbo y hacer posibles todos los demás: continuar el debate sobre la reforma judicial y avanzar en la reestructuración de la justicia; sin ello, los demás objetivos serán inalcanzables.
En 2025 opté por la mejor vía para transformar estructural y cualitativamente —aunque no a corto plazo— la impartición y procuración de justicia: apoyar la reforma judicial impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
Lo hice convencido de que dicha reforma no era un punto de llegada, sino la apertura de un debate histórico, indispensable para construir el país que millones de mexicanos hemos soñado.
Estoy convencido de que la reforma judicial puede convertirse en “condición de posibilidad” para una transformación cualitativa e integral solo si desestabiliza el sistema endémico de justicia que, históricamente, ha favorecido a la clase política y a sectores empresariales.
No obstante, esa “condición” solo se cumplirá si se traduce en un proyecto de profesionalización previa de los jueces, que implique la creación de una Escuela Nacional de la Judicatura y de la Fiscalía, dotada de garantías institucionales que la protejan de intereses malsanos.
Durante dos siglos, el Poder Judicial mexicano y la institución de procuración de justicia han sido reformados fragmentariamente (procedimientos, competencias, órganos, salarios, pensiones, etcétera), pero sin tocar sus premisas de legitimidad: ¿Quién juzga?, ¿cómo se legitima el juez?, ¿se forma o se capacita quien juzga?, ¿qué se espera de él frente a la sociedad?
Sin duda, la reforma judicial es condición de posibilidad: rompió inercias, puso en debate el fundamento democrático del Poder Judicial, evidenció que el problema es también de formación judicial, no solo capacitación, abrió la vía a una Escuela Nacional de la Judicatura y reorientó el foco hacia un proyecto institucional más amplio y coherente.