A un año de la sucesión del rector de la UANL, Santos Guzmán López, se ha desatado una controversia en torno a la presunta intención del gobernador del Estado, Samuel Alejandro García Sepúlveda, de influir en el proceso para favorecer la designación de Mario Alberto Garza Castillo como su sucesor.
Las voces que denunciaron y condenaron la presunta violación de la autonomía de la UANL se hicieron escuchar desde distintos sectores. Entre ellas destacó la de Aldo Fasci Zuazua, quien acusó al rector de un presunto desvío de recursos públicos por más de dos mil millones de pesos.
Pero las voces más enérgicas contra la pretendida intervención del gobernador provinieron del Congreso del Estado. En su página oficial, el Congreso publicó el 15 de septiembre un texto en el que se dice: “Asimismo, las diputadas y los diputados pidieron a quienes forman parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León defender la autonomía y la fortaleza que históricamente han caracterizado a esta institución”.
Así las cosas: mientras el Congreso del Estado exige respeto a la autonomía de la UANL, los universitarios le exigimos que en lugar de ocuparse de chismes para sacar raja política, reforme la Ley Orgánica de 1971, para hacer efectiva la autonomía académica.
En la UANL, tras el desplazamiento de las fuerzas que encabezaron la lucha por la autonomía, se consolidó un grupo de poder, articulado principalmente en torno a las facultades de Medicina e Ingeniería Mecánica y Eléctrica, que durante medio siglo ha ejercido una influencia decisiva en la conducción política de la Universidad.
Este proceso habría reducido progresivamente la autonomía a su dimensión administrativa, mientras la autonomía académica quedaba, en los hechos, relegada a una mera formalidad.
Y así, los órganos colegiados de deliberación han perdido su función sustantiva. Lo he constatado en la Facultad de Derecho y Criminología y en otras dos escuelas, y parece reproducirse, como hipótesis, en toda la UANL. La autonomía académica subsiste más como declaración formal que como práctica efectiva; eso no le importa al poder político.