De acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), para ser consejero electoral del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) se necesita, antes que todo, poder ser imparcial en las controversias en las que se ha de intervenir como árbitro, para lo cual se exige a los aspirantes a ese cargo, además de los conocimientos jurídicos para el desempeño de esa función, estar desconectado de cualquier tipo de interés que tenga que ver con lo que se ha de decidir jurídicamente como regulador y calificador del proceso electoral.
Eso es lo que dice la ley, en la cual el legislador expresa su convicción en la posibilidad de que las personas que cumplan ciertos requisitos podrán ser buenos reguladores de los procesos electorales, estos son: poder ser imparcial en las controversias jurídicas, poseer conocimientos técnico-jurídicos en materia electoral y gozar de buena reputación.
Tengo en muy mal concepto a los legisladores, pero no creo que sean unos imbéciles para creer que con establecer como requisitos para ser consejero electoral no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular, no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político, etcétera, sea algo que pueda garantizar la independencia, imparcialidad y objetividad exigible para el desempeño de ese encargo.
Lo que dice la ley de este asunto no es la expresión de un acto reflexivo del legislador, sino más bien la expresión de la maldad del estado autoritario encarnado en el legislador, para hacer creer que siempre se designan a las mejores personas honestas y absolutamente imparciales en sus decisiones como consejeros electorales.
O, dígaseme, ¿quién va a creer que tan solo con que los consejeros hayan dejado de realizar funciones partidistas o en el gobierno, cuatro años antes de su designación, se pueden desconectar de sus intereses políticos partidistas, ideológicos, económicos, para evitar caer consciente o inconscientemente en prácticas indebidas?
Bien mirado, la norma que establece los requisitos para ser consejero electoral es solo una metáfora o un juego del lenguaje, en términos de Wittgenstein, elaborado por el legislador del sexenio de Salinas para ocultar el verdadero propósito del partido en el gobierno: que sea la mayoría (y sus aliados en la Cámara de Diputados) y la primera minoría la que designe a los consejeros electorales del Consejo General del INE.
Así ha sido desde la reforma electoral de 1996 en la que el Ejecutivo es alejado de los procesos electorales, pero su espíritu permanece a través de una mayoría de los consejeros del IFE, hoy INE, afines a la ideología del partido en el gobierno. Esta es la norma vigente impuesta por la fuerza de la costumbre que hoy en los tiempos de Morena incomoda a sus creadores: el PRIAN.
Aclaro, no obstante que la estructura del referido órgano tiende a formar consejeros electorales más con una capacidad negociadora que ponderativa-reflexiva, ha habido algunos que han escapado a los moldes del sistema.
Termino con la formulación de la pregunta fundamental para el fortalecimiento de nuestra democracia: ¿Es posible la imparcialidad y neutralidad total para decidir controversias y de ser esto posible cómo?
La respuesta es sí, pero no de manera total. La imparcialidad y neutralidad en un cien por ciento es imposible porque nuestra historia de vida nos determina, sea de manera consciente o inconsciente. Pero sí es posible, por medio de una sólida formación hermenéutica y deontológica, poder controlar nuestros prejuicios y no escuchar la voz de nuestros intereses para decidir con un mayor índice de imparcialidad en controversias con apego a una interpretación correcta de la ley.
Lamentablemente ni la hermenéutica jurídica (ciencia que estudia el fenómeno de la comprensión y la correcta interpretación de lo comprendido) ni la deontología jurídica (disciplina que se ocupa de las normas, hábitos, costumbres, etcétera, que disciplinan el ejercicio de la profesión que se ejerce), no se enseñan en las escuelas de derecho, salvo muy raras excepciones; aquí, en este olvido, también percibo una maldad estatal.
Y mientras la enseñanza de las verdades del ámbito de la interpretación a nadie le importa, sin lo cual es prácticamente imposible que madure la vida democrática, en cada inicio de proceso electoral no deja de escucharse la misma cantaleta en la designación de consejeros: ése no porque es del PRI, todos los quiere poner Morena, etcétera. Solo que ahora quienes la entonan son los que antes eran mayoría.