La censura es, en un sentido jurídico-político, la intervención de una autoridad o de un poder con el propósito de impedir, limitar, condicionar o controlar la difusión de determinadas ideas, opiniones, información. Pero, actuando con seriedad, no toda regulación de la libertad de expresión es censura.
Si la regulación de la libertad de expresión no restringe la posibilidad de expresar o difundir ideas o información por razón de su contenido o significado, no es censura. Sin embargo, una regulación puede establecer, de manera indirecta, mecanismos que limiten el ejercicio de este derecho. Por ello es necesario tener especial cuidado con las reformas relativas a las responsabilidades derivadas del ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información.
En México, uno de los periodos más restrictivos para la libertad de prensa fue el último gobierno de Santa Anna (1853-1855), considerado dictatorial. La Ley Lares, llamada así en honor a su autor, Teodosio Lares, restringió la libertad de imprenta, sancionó publicaciones consideradas subversivas, sediciosas, inmorales, injuriosas o calumniosas y favoreció el cierre de periódicos opositores.
Durante el porfiriato también se hizo de la censura una brutalidad. La libertad de expresión estaba protegida formalmente por el Artículo 7 de la Constitución de 1857, que prohibía la censura previa. No obstante, diversas disposiciones sobre los delitos de imprenta y mecanismos políticos y económicos permitieron al régimen perseguir con efectividad a la prensa opositora.
En el siglo XX, la libertad de expresión y el derecho a la información enfrentaron diversas restricciones. Pero en el siglo XXI, particularmente en 2009, bajo la ponencia del ministro José Ramón Cossío, la Corte los reconoció no sólo como derechos destinados a proteger a las personas en la manifestación de sus creencias, opiniones, conocimientos e ideas, sino también como factores esenciales para la existencia y el funcionamiento de una sociedad democrática.
Así, ambos derechos jurídicamente adquirieron una dimensión fundamental para la vida democrática.